1.- Los miembros de los
distintos Pueblos Naciones Originarias, suscribimos el presente
manifiesto a favor de una nueva Constitución Política de la
Republica de Chile, que sea reconocida realmente como legítima,
democrática, plurinacional e intercultural en las relaciones
entre quienes cohabitamos éste territorio.
2.- Manifestamos que,
no obstante de ser Pueblo-Naciones pre-existentes al Estado de
Chile, nuestros antepasados no tuvieron ninguna participación en
su formación, pese a que el Estado se erigió sobre nuestros
territorios y se consolidó con nuestros recursos naturales.
3.- Desde los albores de
la República de Chile y en todas las cartas constitucionales que han
regido históricamente los destinos de este país, nuestros Pueblos-
Naciones Originarias han sido invisibilizados, excluidos, marginados
de las esferas del poder y de la participación política,
conculcados en nuestros derechos humanos fundamentales y negados de
la posibilidad de ejercer nuestros derechos históricos de
autodeterminación en tanto colectivos culturalmente diferenciados,
lo que junto al despojo territorial y de sus recursos naturales,
constituyen la deuda histórica reconocida por los diversos gobiernos
en las últimas décadas.
4.- Recordamos que
nuestros antepasados jamás renunciaron a algún derecho en tanto
entidades culturalmente diferenciadas y quienes somos sus
continuadores y formamos parte de los Pueblos – Naciones Indígenas
tampoco hemos realizado acto alguno que signifique una renuncia a
ello. En consecuencia, nuestros derechos como Pueblo-Nación, se
mantienen intactos. Reafirmando lo anterior, hoy nuestros Pueblos-
Naciones reivindican nuestros derechos históricos y exhortan al
Estado de Chile a implementar los derechos colectivos reconocidos
en el derecho internacional, y a remover los obstáculos para el
disfrute pleno de nuestros derechos y libertades fundamentales, en
especial, aquellos reconocidos en la Declaración de ONU 2007 sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
5.-Concordamos con el
Pueblo de Chile, que la actual Constitución Política del Estado
tiene un origen ilegítimo, nacido de una dictadura militar, en un
contexto en que las libertades públicas se encontraban seriamente
limitadas por un estado de sitio y que, sin embargo, ha seguido
vigente por más de 30 años. No obstante de las modificaciones
realizadas en las últimas décadas para darle legitimidad y carácter
democrático, ello no ha sido posible, pues en su esencia radican
las desigualdades sociales y exclusiones que hoy la sociedad civil y
los Pueblos Naciones Originarias reclamamos.
6.- Durante la vigencia
de la actual Constitución Política del Estado se ha hecho evidente
que el carácter subsidiario del Estado y la ideología de un modelo
neoliberal que abraza y protege, violenta nuestra vida social,
económica, política, cultural y religiosa; pone en riesgo nuestros
territorios y nuestra supervivencia como Pueblos-Nación
culturalmente diferenciados al negar nuestra existencia y otorgar más
derechos al capital que a los pueblos y personas humanas. Así, la
actual Constitución Política de la República, herencia de la
dictadura militar, no protege ni garantiza nuestros derechos humanos
colectivos y conlleva a la degradación del medio ambiente, de la
naturaleza y de nuestra madre tierra.
7.- Compartimos con los
movimientos sociales, que desean la construcción de un país más
justo e incluyente, que el actual sistema político no está
cumpliendo con su tarea fundamental de resolver los distintos
problemas y demandas de los pueblos y la ciudadanía, y ello ha sido
uno de los motivos de las distintas movilizaciones de los Pueblos –
Naciones Indígenas en las últimas décadas y del movimiento social
en los años posteriores. Ponemos de relieve y compartimos además
la preocupación por la grave crisis de representatividad y de
confianza que hoy existen en instituciones como el Congreso Nacional
y el Ejecutivo.
8.- Los firmantes de éste
manifiesto tenemos la firme convicción que la soberanía radica en
los Pueblos, que de ella deriva el derecho a la autodeterminación y
que en virtud del ejercicio de este derecho los Pueblos y Naciones
somos libres para determinar nuestro propio desarrollo político,
económico, social y cultural, así como para elaborar y suscribir
pactos políticos que dirijan nuestros destinos comunes. Constatamos
que la actual Constitución Política del Estado, no solo niega al
pueblo chileno el derecho a auto determinarse, en tanto le priva de
mecanismos para ejercer ese derecho, sino que además, es un
obstáculo para el ejercicio a la autodeterminación de los Pueblos
Indígenas y de sus legítimos derechos ancestrales sobre sus
territorios y culturas.
9.- Los Pueblos –
Naciones Indígenas tenemos la certeza de que compartimos un destino
común con el Pueblo de Chile, y que a más de 200 años de la
formación del Estado y de su política mono-nacional, mono-cultural
y mono-lingüe, es excluyente y atropella los derechos de nuestros
Pueblos- Naciones Indígenas. En los albores del siglo XXI es
posible rectificar y reparar las violaciones a nuestros derechos
mediante la participación en un pie de igualdad en la elaboración
de un pacto social, legitimo, democrático y plurinacional e
intercultural, que reconozca y garantice nuestros derechos
colectivos, políticos, territoriales, lingüísticos, económicos,
sociales y culturales.
10.- Reafirmamos que la
legitimidad de una nueva Constitución Política de la República de
Chile, para que sea inclusiva y democrática, requiere de la
representación y participación activa de nuestros Pueblos
Naciones Originarias y la incorporación de nuestros derechos
colectivos en el texto constitucional en los términos y alcance
expresados en el Derecho Internacional, de protección de los
derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido
manifestamos firmemente que una fórmula constitucional que no
considere nuestra participación activa, por ejemplo, en una Asamblea
Constituyente o en cualquier otro proceso de reforma, será
ilegítimo ante nosotros si no se incluyen las representaciones de
nuestros Pueblos y Naciones originarias en el debate nacional y no
se constitucionalizan nuestros derechos colectivos.
11.- Tenemos la certeza
que una nueva Constitución Política del Estado debe ser el fruto
del acuerdo de todos los integrantes de la comunidad nacional y
garantía de respeto de los derechos de todos. Que la inclusión de
nuestros derechos como Pueblos- Naciones Originarias en la carta
fundamental afirma la democracia, el respeto de los derechos humanos
y la convivencia pacífica entre los pueblos. Un Estado Democrático
y moderno, propio del siglo XXI, debe ser el espacio donde quepan
todos los colores y todas las voces, sin exclusiones.
12.- Los miembros de los
Pueblos-Naciones Originarias firmantes, manifestamos que seremos
coadyuvante activo de toda iniciativa que tenga por objeto movilizar
y buscar acuerdos en torno a una nueva Constitución Política que
rija los destinos de este país, nacida de la voluntad de los
pueblos, que exprese la voluntad popular y en especial, por medio de
una Asamblea Constituyente.
Julio 2013
