Por Alessandro Paolo,
colaborador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA.
El día 15 de Diciembre 2013
“El Mercurio” publicó un comentario muy halagador sobre una planta productora
de energía a carbón “limpio” instalada a setenta kilómetros de Roma, cerca de
la ciudad industrial y portuaria de Civitavecchia, con una capacidad total de
1980 MW y una chimenea de 250 metros de altura. Propiedad del coloso energético
Enel-Endesa, dicha planta ha sido adoptada como modelo para la construcción de una
central termoeléctrica gemela
en Punta Alcalde, en la
Región de Atacama, gestionada por la
misma compañía. Según el periódico,
la hermeticidad de
las canchas de almacenamiento del carbón y
de los canales
de transporte desde
el puerto representarían una garantía incuestionable de seguridad y
conveniencia. Sin embargo, la realidad resulta ser mucho más compleja y
decepcionante.
La empresa Enel, propiedad
en un 31% del Estado y uno de los íconos de la historia republicana italiana,
edificó entre 1962 y 1986 diez plantas termoeléctricas en la
comuna de Civitavecchia,
incrementando progresivamente las
dimensiones productivas.
En diciembre
del año 2000,
la empresa desarrolló un plan estratégico-económico que consideraba la
reconversión a carbón para la central de Torrevaldaliga Nord, la que había
funcionado anteriormente con aceite combustible. Esta reconversión fue aprobada
en el 2003 e inaugurada en el 2009, a pesar de una década de movilizaciones y
de protestas tanto de organizaciones como Coldiretti y Legambiente, como de
comités ciudadanos como el
Movimento No Coke
Alto Lazio y la
Associaciòn “Senza Paura”.
La empresa nunca ha
respetado las condiciones establecidas en la Resolución que aprobó la
reconversión, y el 2007 hizo un fino trabajo de cooptación de todos los
alcaldes de las comunas interesadas, a través
de acuerdos formales
de compensación, neutralizando con ello las últimas tímidas
resistencias institucionales. Demás está decir que las autoridades nacionales
tenían un compromiso ciego con la empresa.
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De hecho, y en una clara muestra
de la arbitrariedad con la que opera Enel, en marzo de 2013 consiguió la
aprobación de una nueva Autorización Ambiental Integrada para la central de
Torrevaldaliga Nord, alterando sustancialmente los términos de la resolución
del 2003, y nuevamente sin tomar mínimamente en cuenta las peticiones y
sugerencias de la población afectada, en términos de emisiones, cantidad y
composición del carbón procesado y horas de
operatividad. Desde marzo entonces, la
planta de Torrevaldaliga Nord
podrá operar hasta el 2032 por un máximo de 7500 horas al año (312 días en
lugar de los 250 impuestos en el 2003), quemando 4,5 millones de toneladas de material al año
(es decir, 900.000 toneladas más de lo previsto), recurriendo a carbón con un
contenido de azufre hasta más de tres veces superior a la cantidad permitida
por el Plan Regional para la Calidad del Aire, emitiendo un máximo de 120
mg/Nm3 de monóxido de carbono -mucho más que el doble de la cantidad que se
espera con el uso de las mejores técnicas disponibles recomendadas por la
legislación europea-. Injerencias criminales, presumidos sobornos a políticos,
accidentes mortales y monitoreos ineficaces completan un cuadro muy poco
encomiable.
Como si no fuera bastante,
los daños sanitarios y ecológicos resultan incalculables. Docenas de estudios científicos e investigaciones no
financiadas por la empresa demuestran, que en el área de Civitavecchia el
porcentaje de muertes por enfermedades neoplásicas, es muy superior a la media
país, además de haber persistencia mayor de leucemias y linfomas,
insuficiencia renal crónica,
asma, alergias y
otras síndromes al
aparato respiratorio, llegando a ostentar el primer lugar a nivel
regional y al tercero a nivel nacional
en los índices de mortalidad por cáncer
de pulmón, tráquea
y bronquios.
Según las estadísticas
compiladas por Greenpeace, la central de Torrevaldaliga Nord ha emitido en el
2012 más de diez millones de toneladas de CO2, alcanzando la décimo cuarta
posición en la clasificación de las plantas a carbón más contaminantes de
Europa. Plantas a carbón, que dicho sea de paso, siguen siendo una de las
principales causas de emisiones de mercurio, arsénico y material particulado a
la atmósfera, se ha comprobado que el contenido de mercurio en el carbón es
hasta 150 veces mayor que el contenido en el aceite combustible, que
anteriormente hacía funcionar esta planta.
Esta situación expone a la
población a un riesgo altísimo de contaminación, con graves efectos sobre la
salud humana y sobretodo en el sistema nervioso fetal, neonatal e infantil.
Peligros que se aumentan al estar la planta construida sobre el mar,
incrementando aumentando las posibilidades de ingestión de mercurio a través
del tejido de los peces.
Otro tema central y poco
difundido, es la contaminación de los acuíferos provocada por la infiltración
en el suelo de los fluidos de la planta, que ya ha hecho no potable el agua de
muchos manantiales de la comarca, generando acumulación de venenos en los
campos, los cultivos y los animales que allí se crían.
La central Torrevaldaliga
Nord constituye, en fin, uno de los ejemplos más claros del fallido modelo
energético del que Enel es triste embajadora desde Italia al mundo. Hoy el
Estado da cuenta de una ceguera institucional que la ha llevado a equiparar los
combustibles fósiles y no fósiles (carbón, gas, uranio, biomasas) a los
recursos renovables de energía; pero además, a otorgar subsidios públicos a
este tipo de fuentes insustentables que nacen de una cuota añadida
automáticamente en los recibos de electricidad, transformando a la ciudadanía
entera en cómplices obligados de su muerte lenta.
Todas estas
problemáticas fueron abordadas en septiembre 2012 en la segunda asamblea
nacional de la Campaña Internacional Stop Enel, realizada en la misma ciudad de
Civitavecchia. Entre los temas más urgentes, aparecieron los proyectos
devastadores implementados por Enel en Italia y América Latina (Chile,
Guatemala, Colombia), la falsa antinomia trabajo-salud utilizada para
fragmentar a las comunidades, la necesidad de alejarse de las falsas soluciones
de la green economy (sobre todo de los
mecanismos financieros de mercado de emisiones) y de la “contaminación
democrática” efectuada a través de manipulaciones y presiones al aparato
públicos, sindicatos, universidades y medios de comunicación, de modo de
desviar la atención del afán de lucro, irreconciliable con el bien común, y que
está a la base del proceso de producción, distribución y consumo de energía.
