A través de la lectura
de un acta, los representantes de los pueblos originarios dieron a conocer a la
opinión pública que la asamblea no llegó a acuerdo con el gobierno sobre el
proceso constituyente indígena.
Al finalizar la jornada realizada
este 3 de noviembre en Santiago de Chile, la dirigencia indígena críticos al
proceso declararon que: “los acuerdos en términos culturales y preexistencia no
tienen sentido si no se logra acuerdo en temas relevantes, esto son: territorios
ancestrales, consulta, plurinacionalidad, reconocimiento de naciones, consecuente
con esto los pueblos originarios nos reservamos el derecho a recurrir a los
tribunales de justicia en búsqueda de salvaguardar nuestros derechos”.
Agregaron que “los pueblos
solicitaron en varios oportunidad llegar acuerdo con el gobierno, pero no fue posible
por la intransigencia de los representantes del Estado”.
Representatividad
Uno de los aspectos
cuestionados fue la representatividad con la que se llegó al acuerdo: “También se
acuerda dejar sin efecto el acta anterior presentada por el gobierno el día 21 de
octubre de 2017, ya que solo el 26 por ciento de la asamblea firmó esa acta, es
decir, solo 38 delegados de 145, sin la presencia del pueblo yagan, kawésqar, quechua”.
Rango constitucional
Asimismo, de manera
enfática las y los dirigentes expresaron que, en la asamblea, “los pueblos solicitaron
subir en rango Constitucional del Convenio 169 de la OIT en su integridad y la
Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, además de la
plurinacionalidad. Los antecedentes entregados fueron políticos, jurídicos, históricos,
en función al marco jurídico internacional”.
Finalmente expresaron
que “como pueblos originarios pensamos que el Estado y el gobierno han perdido
una gran oportunidad de haber generado un acuerdo histórico con las naciones
originarios de estos territorios, lo anterior hubiera sido la posibilidad de
terminar con años de injustica, pero este gobierno nos e atrevió hacerlo. El
gobierno dijo delante toda la asamblea: que termina el dialogo porque no podía darnos
nada más”.
Cuestionamientos
El proceso constituyente
no solo fue cuestionado por sus materias de fondo, sino que también en la forma
en que se llevó a cabo el proceso, participación y representatividad.
Tal es el caso de Arica
y Parinacota, que enviaron ministro de Desarrollo Social un pronunciamiento donde
solicitaban ampliar la representatividad de la Región “para garantizar la
voluntad expresada por las organizaciones de Putre y de Arica que en el diálogo
nacional fueron excluidas”, sin embargo, al no obtener respuesta, el pueblo
aymara se suma al rechazo acordado por los pueblos, ya que en la jornada de
este 3 de noviembre no participaron representantes territoriales y electos
quienes fueron garantes de la propuesta consensuada.
En Iquique, llegaron
hasta el frontis de la Intendencia regional de Tarapacá, donde declararon
públicamente su rechazo al proceso impulsado por el gobierno. “Denunciamos que este
proceso estuvo viciado desde su inicio, ya que el Estado no garantizó a nuestros pueblos asesoría de confianza desde
el comienzo de la consulta, no respetó los tiempos necesarios para desarrollar cada etapa y
obstaculizó constantemente el diálogo, al imponer tiempos, metodología, procedimientos,
recursos, etcétera, inapropiados y de forma unilateral. En Resumen, el
Estado de Chile no ha garantizado las condiciones mínimas para que
nuestros pueblos puedan incidir realmente en esta medida".
También manifestaron “la
total falta de difusión y convocatoria a este proceso, ya que el Estado ha generado una deficiente participación, con la finalidad
de que acudieran principalmente aquellas personas invitadas a dedo, a quienes
se les puede llamar alinea}dos(as)políticos(as), operadores(as) políticos(as),
o simplemente utilizados(as) políticamente, con la finalidad de asegurar
que la consulta culminara a satisfacción del Estado, pero en contra de los
derechos de nuestros pueblos originarios”.
