El Colegio de Arqueólogos
de Chile ha manifestado públicamente que el Rally Dakar ha cometido
el delito de destrucción de sitios arqueológicos, los que han
quedado impunes dado que es una actividad auspiciada por un organismo
del Estado, el Instituto Nacional del Deporte (IND). También hemos
observado cómo de manera sistemática el Poder Judicial ha denegado
el derecho a Justicia desestimando todos los recursos y denuncias
formuladas en contra del Rally Dakar.
El pasado mes de
noviembre el Colegio de Arqueólogos concurrió ante la Comisión de
Cultura de la Cámara de Diputados, en dónde expuso un completo
análisis del marco jurídico vigente y de cómo éste ha sido
violentado por el propio Gobierno de Chile.
Como gremio comprometido
con los intereses reales de nuestro país, con nuestro patrimonio
cultural y arqueológico y porque no podemos ser cómplices del
abandono de deberes, en los que han incurrido dos de los tres poderes
del Estado de Chile, es que hemos decido compartir de manera amplia
este análisis, a través de los medios de prensa de nuestro país.
Informes oficiales y
públicos del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico
del Estado, han dado cuenta de los numerosos casos de destrucción de
sitios arqueológicos provocado por la competencia Rally Dakar en sus
distintas versiones, esta conducta constituye un delito, de acuerdo a
lo prescrito por el artículo 38 de la Ley 17.288. La situación es
aún más grave en la versión Dakar 2011 y 2012 donde incluso se han
eliminado del todo las medidas de compensación por la destrucción
producida. El Estado ha eximido de estos delitos a los organizadores
del Dakar, la empresa Amaury Sport Organisation quienes no han
asumido su propia responsabilidad ante estos ilícitos.
Debemos recordar que
normalmente cuando se producen delitos de destrucción de sitios
arqueológicos es el Consejo de Defensa del Estado quien persigue a
los culpables y demanda indemnizaciones a través de la Acción por
Daño Ambiental. Sin embargo, en este caso el Consejo de Defensa se
ve impedido de accionar porque son organismos públicos quienes están
detrás de la promoción y desarrollo del Dakar en tierras chilenas,
quedando entonces estos delitos en una absoluta impunidad. La
inacción del Estado frente al delito de destrucción de sitio
arqueológico está minando todo el sistema de protección del
Patrimonio Cultural de Chile.
Al respecto la
vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, Paola González, -abogada
y arqueóloga- reflexiona: “El escenario que ha creado el propio
Gobierno de Chile, es grave. Si frente a un delito de destrucción de
sitios arqueológicos, no hay pena aplicada a los culpables, ni se
ingresa al sistema de evaluación ambiental, de modo de definir
medidas de compensación -que es lo que ha venido ocurrido en el caso
del Rally Dakar-, mañana cualquier otra empresa que reciba sanciones
por destrucción de sitio arqueológico, podría invocar el principio
de igualdad ante la ley y negarse a pagar o implementar cualquier
medida de compensación. Esto sería una tragedia que haría caerse a
pedazos todo el sistema institucional de protección ambiental y
patrimonial chileno. El Rally Dakar está destruyendo algo más que
patrimonio ambiental o arqueológico, está poniendo en jaque a todo
un sistema de protección político/jurídico”, señaló.
La vicepresidenta del
Colegio de Arqueólogos, prosigue: “No es posible argumentar, desde
una punto de vista jurídico, razones que eximan a la competencia
Rally Dakar de someter el trazado de la carrera a un estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental. Hasta ahora sólo se ha aplicado
una pseudo evaluación ambiental que excluye un componente esencial
del impacto ambiental compuesto por las medidas de compensación. Es
decir, al no existir estas medidas estamos de lleno frente al delito
de destrucción de sitios arqueológicos. Nos resulta incomprensible
que el Gobierno de Chile, permanezca inactivo frente a este nivel de
destrucción de su patrimonio, el que está mandatado por ley a
proteger. ¿Por qué se permite que una empresa extranjera vulnere
nuestra institucionalidad penal y ambiental?”.
Frente a este manto de
omisión por parte del Gobierno (Poder Ejecutivo), el paso natural es
buscar amparo en otro poder del Estado, el Poder Judicial. No
obstante, éste ha denegado justicia sistemáticamente desestimando
todas las acciones legales interpuestas en contra del Rally Dakar.
Pese a que han existido documentos oficiales que acreditan la
destrucción y daños graves a sitios arqueológicos.
Cronología del Desamparo
El año 2009, se
presentan dos acciones legales ambas desestimadas. El informe de
daños causado por esa versión del Dakar, constató daños graves de
seis sitios arqueológicos, ubicados en las regiones de Atacama y
Coquimbo, algunos de estos sitios alcanzaba una antigüedad mayor a
los 4.000 años a.p. (2.000 ac.). Es importante destacar que la
evaluación realizada en esta oportunidad consideró un porcentaje
mínimo (10%) del total de km. recorridos (1.200 km en total) y no se
contaba con una evaluación arqueológica (línea de base) del
recorrido previo a la competencia. Entonces, la situación real de
destrucción permanece sin ser definida hasta la fecha, y se puede
razonablemente suponer que el número de sitios arqueológicos
destruidos es mucho mayor.
El año 2010, el propio
Colegio de Arqueólogos presenta una denuncia en el Ministerio
Público por Delito de Destrucción de Sitios Arqueológicos ante la
Fiscalía Diego de Almagro, la que también fue desestimada. El
informe de análisis post Dakar realizado por el Consejo de
Monumentos Nacionales, indica que en esta versión se dañaron 52
(50,5%) de los 103 sitios que fueron objeto de medidas previas de
protección. No se tiene ningún conocimiento del daño causado en
otras zonas donde hubo cambios de trazado de última hora dispuestos
por la organización, desvíos o competidores perdidos. Es decir,
nuevamente la constatación de los sitios arqueológicos destruidos
no corresponde a una revisión exhaustiva de los terrenos que fueron
objeto de alteración por la competencia, si no sólo a un porcentaje
ínfimo del recorrido total. Aun así, estos 52 sitios destruidos dan
cuenta del gran daño que está produciendo año a año esta
competencia
El año 2011, se presenta
un nuevo Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, el que vuelve a ser desestimado por el Poder Judicial. La
versión de este año del Dakar, ha sido la de mayor magnitud. ¨Para
efectos de línea de base se definió la longitud total del trazado,
2.400 km. lineales, (una superficie equivalente al Parque Nacional
Torres del Paine). La línea de base realizada para la competencia
del 2011, identificó 576 sitios en total.
Para la evaluación de
daños en los sitios arqueológicos, el Consejo de Monumentos
Nacionales informa que se revisó un total de 283 sitios
arqueológicos, equivalente al 58,2% de los sitios registrados en
línea de base. El informe señala que presentan daño en diversas
magnitudes un total de 126 sitios patrimoniales, lo que equivale al
44,5% del total de sitios evaluados. Plantea este informe que “sobre
la base de la experiencia de las tres competencias ya efectuadas
(2009, 2010 y 2011), y habiendo realizado dos evaluaciones
anteriormente, es opinión del Área de Arqueología de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales que el Rally Dakar
constituye una actividad altamente dañina para el patrimonio
arqueológico e histórico del país”.
El año 2012, se
interpone una nueva denuncia, la que también fue desestimada por el
Poder Judicial. Hasta la fecha no es conocido de manera pública el
informe de daños de la cuarta versión del Dakar. Sí todos los
informes de daños post Dakar son efectuados por el Consejo de
Monumentos Nacionales, organismo técnico del propio Estado y aún
así no han sido considerados como antecedentes por la justicia
chilena. ¿Qué emisor válido está esperando el Poder Judicial?
El Colegio de Arqueólogos
de Chile, está profundamente decepcionado de cómo dos de los tres
poderes del Estado de Chile, se han articulado para blindar una
competencia pseudo deportiva, que sólo trae destrucción a Chile. No
obstante aún guardamos la esperanza que sea el Poder Legislativo el
que finalmente actué con sentido de Estado y proteja el patrimonio
cultural chileno.
Escrito por Colegio de
Arqueólogos
Jueves, 27 de Diciembre
de 2012
Se autoriza la
reproducción de esta Declaración, respetando el contenido y sentido
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