Ambientalistas analizan
críticamente lo que fue su gestión en materia de sustentabilidad
El lunes pasado en el
debate de la “Nueva Mayoría” se le preguntó a la ex Presidenta
por la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron entre 2006 y
2010. Ella respondió que “efectivamente en mi administración se
aprobaron termoeléctricas contaminantes”, pero lo justificó por
la falta de gas y la sequía. El Mostrador le pidió al mundo
ecologista la evaluación de su mandato en estos temas.
La sombra del virus ISA,
que hizo temblar a la industria salmonera en 2007 y que puso en el
tapete las deficientes condiciones sanitarias del sector, hoy podría
revivir: las alarmas vienen desde la Región de Aysén, donde ya se
ha confirmado la aparición de algunos brotes del temido virus.
Desde Multiexport, la
mayor compañía de la industria, han intentado calmar los ánimos
señalando que la situación actual no se puede comparar con las
condiciones y normas que existían hace seis años, y que habrían
cambiado luego de la reforma impulsada por el gobierno de Michelle
Bachelet.
Pero no todos son tan
optimistas. La directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, señala
que, si bien con la nueva ley “cuyo objetivo era ir al rescate del
sector, se establecieron nuevas condiciones, la nueva forma de operar
de la industria, no se ha implementado completamente y hoy está
nuevamente en crisis porque las medidas sanitarias no son las
adecuadas”.
En opinión de Liberona
la reforma a la industria del salmón y la nueva institucionalidad
ambiental fueron dos temas clave que marcaron la administración del
gobierno de la ex mandataria.
En el caso de la
salmonicultura —que contó con un férreo respaldo estatal tras las
críticas a las condiciones ambientales publicadas en el influyente
The New York Times— los cambios estuvieron coordinados por el ex
subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, que encabezaba la Mesa del
Salmón, tras lo cual aterrizó en una de las salmoneras más grandes
del país, AquaChile. Cambios que incluyeron un tema que sacó
ronchas y que permitió que las empresas entregaran como garantía a
los bancos la concesión acuícola del agua.
En cuanto a la nueva
institucionalidad ambiental, proyecto estrella del gobierno de
Bachelet, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del sector, según
Liberona aunque marca una diferencia por la Superintendencia, en la
práctica “en términos del proceso de evaluación ambiental no hay
grandes cambios, por lo que establece una desigualdad entre las
personas y las empresas con total ausencia del Estado, porque una
empresa entra en el proceso de calificación ambiental y tiene más o
menos dificultades, pero la mayoría son aprobados. En cambio la
participación ciudadana es un saludo a la bandera, así que las
cosas deben resolverse en tribunales”.
Fantasmas puntuales de la
era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos,
la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya
evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó
la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que
terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de
guerra a los vecinos del sector.
Como botón de muestra
está el caso de la Termoeléctrica Castilla, que fue aprobado bajo
la nueva institucionalidad pero que terminó siendo paralizado tras
un fallo de la Corte Suprema que puso la lápida al proyecto de Eike
Batista.
Para el Presidente del
Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, en términos
generales la gestión ambiental de Bachelet “fue complicada, lo que
se ve en que grandes proyectos en crisis hoy que muestran que aunque
hubo avances institucionales, el impacto ambiental en el sistema
productivo fue reguleque, más tirado para mal”.
Fantasmas puntuales de la
era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos,
la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya
evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó
la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que
terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de
guerra a los vecinos del sector. O el hecho de que mientras se
evaluaba ambientalmente el polémico proyecto HidroAysén —cuya
aprobación en 2011 generó multitudinarias protestas— se ignorara
a los servicios que impugnaban el proyecto.
LOS HOMBRES DE NEGRO
Quizás la arista
ambiental que marcó más a fuego al gobierno de Michelle Bachelet
fue la energética, que enfrentó un complicado escenario tras los
cortes de envíos de gas argentino, la crisis internacional del
sector y la limitada capacidad de autogeneración del país.
De esta forma los
proyectos nuevos y en carpeta se convirtieron en un tema prioritario,
lo que se grafica claramente en el hecho de que durante dicha
administración se aprobaron 42 termoeléctricas, entre ellas la
Central Campiche, de AES Gener, que contó con un férreo respaldo
estatal, que junto a la empresa y en medio de un intenso lobby de la
embajada de Estados Unidos, encontró la fórmula de burlar un fallo
de la Corte Suprema que la detenía y la oposición de los
pobladores.
El lunes pasado fue el
primer debate antes de las primarias del pacto “Nueva Mayoría”.
En la ocasión se le consultó específicamente a Bachelet por la
cantidad de termoeléctricas que se aprobaron durante su gobierno.
Ante esto la ex mandataria respondió que “efectivamente en mi
administración se aprobaron termoeléctricas contaminantes y voy a
decir por qué. No había gas, no había mucha agua, había sequía.
Y lo que uno como gobernante tiene que hacer es tomar medidas
difíciles para asegurar que haya gas, que haya agua, que haya
energía en las casas”.
Flavia Liberona cree que
es insuficiente la explicación, ya que el problema de fondo es la
regulación. “Es una respuesta bien politiquera. Hay una suerte de
disfrazar las cosas, porque la falta de energía se suplió con
diesel. Además las termoeléctricas no fueron reguladas, ese es el
problema y se les debe poner condiciones. No tienen regulación que
les exija vida útil, que les exija tecnología, ni que regule el
combustible sólido que usan. Por otra parte, los datos de que el gas
se iba a cortar se sabían de antes. Se podría haber previsto la
situación eléctrica y se podría haber aumentado la capacidad de
algunas centrales de otra manera”, dice Liberona.
Para Manuel Baquedano el
problema central es que no se diversificó la matriz energética y
eso conllevó a la construcción de termoeléctricas. “Lo que hay
que criticar es que en ese momento se debió cambiar la matriz y no
se hizo nada. Se debió haber permitido que entraran las energías
renovables o bien haber tenido un plan más agresivo de eficiencia
energética. La ex Presidenta no hizo nada, simplemente dejó
funcionar al mercado y eso llevó a la carbonización y proliferación
de las termoeléctricas que han tenido un impacto en la salud y el
medio ambiente”.
En total, fueron 126
proyectos aprobados, entre termoeléctricas, hidroeléctricas,
parques eólicos y plantas solares. Muchos de los cuales contaron con
una ayuda proveniente del propio Estado y radicada en el ministerio
de Energía.
Conocidos como “los
hombres de negro”, los ingenieros comerciales Juan José Rivas
(PPD) y Jaime Bravo (PS), cumplían un rol clave apurando las
iniciativas que permitirían inyectar más megawatts al Sistema
Interconectado Central (SIC). Tarea para lo cual contaban con todo el
respaldo del ministro de Energía, Marcelo Tokman y que generó
anticuerpos en muchas reparticiones, donde vivieron las presiones de
estos “fast tracker” de Energía.
Tales fueron los casos de
HidroAysén —de la sociedad Endesa-Colbún y finalmente aprobado en
el gobierno de Piñera—, el de las minicentrales hidroeléctricas
de pasada Palmar–Correntoso en el Parque Nacional Puyehue, o el de
la planta Termoeléctrica de Farellones de la cuprífera Codelco, que
terminó siendo bajado por la propia cuprera.
Durante el gobierno de
Piñera, la figura de los “fast tracker” terminó siendo
oficializada a través del Comité Intergubernamental de Agilización
de Proyectos de Inversión (CAI).
DESACUERDO ATÓMICO
La relación del gobierno
de Bachelet con el mundo medioambiental fue tensa. Entre otras cosas
porque mientras era candidata selló un compromiso, denominado
“Acuerdo de Chagual”, con diversas organizaciones donde se
comprometía a cumplir una decena de puntos, lo que se llevó
adelante parcialmente. El pacto no duró mucho: en 2008 el movimiento
ambientalista lo dio por desahuciado, tras la decisión del gobierno
de destinar platas públicas a estudios nucleares, uno de los
compromisos que garantizaba no incluir esta opción en la matriz
energética.
Para Manuel Baquedano, el
acuerdo en cuestión “supuso varias cosas que son adelantos, como
la institucionalidad ambiental que finalmente se dotó de un
ministerio, también se avanzó en una política de Parques
Nacionales que aún no se resuelve en el Parlamento”.
En el tema energético,
explica, “veíamos una profunda presión del mundo minero por la
opción nuclear y finalmente la ex Presidenta no pudo mantener el
compromiso. Le quebraron la mano”.
por CLAUDIA URQUIETA
Fuente: El Mostrador