Casas comunales vacías
que hacen de bodegas. Pequeñas aulas cerradas. Dispensarios médicos
abandonados. Cabinas telefónicas que se dañaron. Son parte de las
infraestructuras de cemento, unas casi nuevas y otras viejas, que se
replican en comunidades indígenas asentadas en el área de
influencia y dentro del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de
Orellana.
Son la evidencia de lo
que algunos llaman ‘beneficios’ u ‘obras’ que dejan las
petroleras a cambio de extraer el crudo en esta zona de la Amazonía.
Las ofertas de educación,
salud, vivienda, vialidad y empleo son las áreas que más destacan
las petroleras en las negociaciones con las comunidades indígenas y
colonos. Esto, pese a que la entrega de servicios básicos son de
responsabilidad estatal.
Así dicen en Pompeya, en
El Edén, en Pañacocha, en Chiru Isla y Nuevo Rocafuerte (por el río
Napo); en Llanchama (por el río Tiputini); en Tobeta, en Miwaguno
(una parte del territorio de estos tres últimos está dentro del
Parque); y en comunidades campesinas del cantón Dayuma, como Los
Reyes y Nueva Esperanza, que están en el camino al Yasuní. Este
Diario recorrió estos poblados a inicios del mes.
Ahí sus habitantes
aseguraron estar angustiados por la expansión de la frontera
petrolera ante la posibilidad de explotar los campos ITT
(Ishpingo-TamboCocha-Tiputini), un área sensible por su
biodiversidad y por ser territorio por donde se movilizan los pueblos
tagaeris y taromenanes, que viven en aislamiento voluntario en una
parte de la Reserva de Biósfera.
La angustia, acotan, es
porque no saben qué pasará con los territorios y con el aparente
desarrollo de sus localidades, ya que las petroleras han modificado
sus discursos. Ahora ofertan servicios y obras más “sencillas”,
como atención médica y la remodelación o entrega de un aula
escolar, cuentan los dirigentes.
“Nos dicen que ya para
educación no nos pueden dar, que toda la plata le dan al Estado, que
pidamos al Estado”. “Dicen que como es Parque Nacional no se
puede hacer nada, que el Gobierno les prohíbe (hacer obras)”.
“Piden permiso para una cosa pero hacen dos, tres y en tierras que
no están en los convenios. Pero no hay cómo decir nada porque uno
se gana enemigos”. Son los relatos de un campesino, de un huaorani
y de un kichwa, quienes viven en la ruta y en una parte del Yasuní.
En las comunidades hay
temor, repiten dirigentes y habitantes. Las razones son varias.
Andrés Machoa, de
Llanchama, cuenta que el año anterior representantes de una
petrolera estatal amenazaron con apresar a los dirigentes y con
entrar con la fuerza pública a su territorio, considerado ancestral,
si no firmaban los convenios para que ingrese la compañía.
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No son los únicos que
han sentido temor. Diócles Zambrano, defensor de los derechos
humanos, asegura que ha experimentado esa sensación cuando las
petroleras llegan a las comunidades (en las que ha estado presente)
con las autoridades estatales y con militares para las firmas de
aceptación de los preacuerdos y convenios que requieren estas
empresas.
Esa misma intimidación
han sentido dirigentes y comuneros de El Edén, de Pañacocha, de
Chiru Isla, de Miwaguno... con quienes este Diario conversó.
Hay otro factor que los
hace temer y hasta firmar sin conocer bien los acuerdos. Es el no
comprender el lenguaje técnico con el que les hablan ni los
documentos de estudios de impacto ambiental que a veces les
presentan, dicen los dirigentes.
Y están más expuestos
porque las petroleras no les dejan negociar con asesores externos,
agrega Enrique Morales (de la Prefectura de Orellana), quien da
capacitación en temas ambientales a estas comunidades.
El negocio se hace
directamente con los dirigentes o grupos de colonos, quienes en
algunos casos no han terminado la secundaria. En otras comunas, en
cambio, no tienen dinero para contratar a abogados que entiendan qué
es lo que firman.
Hay otro motivo. Temen
abandonar sus tierras “ancestrales” para ir a una zona comunal.
Lo que causa, dicen, un cambio sociocultural en las poblaciones
nativas. En Pompeya, por ejemplo, los kichwas han reemplazado la
chicha, su bebida tradicional, por la cerveza, la que consumen
incluso los niños.
En Pañacocha (una parte
está en la provincia de Orellana y otra en la de Sucumbíos) los van
a reubicar a la llamada ‘Ciudad del Milenio’, similar a una
urbanización de cemento.
Nelson Rivadeneira, de
Pañacocha, cuenta que por reclamar por la calidad del hierro que
estaban colocando en las casas (que no era igual al ofrecido) lo
catalogaron como enemigo del desarrollo y del Gobierno. Afirma que
hasta lo amenazaron con meterlo preso.
Los habitantes comentan
que en las petroleras ahora les dicen que pidan las obras a Ecuador
Estratégico, empresa pública que las realiza (desde el 2011 cuando
fue creado por el Gobierno) en comunidades afectadas por explotación
petrolera.
En Tobeta, adonde se
llega en carro (a más de dos horas del Coca), no tienen esperanzas
de nuevas obras, afirman sus habitantes. “Dicen que es parque y
zona intangible y yo veo cómo mucho petróleo sale y no dejan nada a
comunidad”, agrega el huaorani Davo Enomenga.
Este Diario solicitó
entrevistas sobre este tema a Ecuador Estratégico, Min. del Ambiente
y Secretaría de Gestión Política, pero no hubo respuestas.
Las comunidades que están
asentadas cerca del río Napo y del Tiputini quieren ahora apostarle
al turismo para tratar de frenar la explotación del ITT y el avance
del horizonte petrolero dentro del Parque Yasuní. No saben si les
queda tiempo.
Comunidades: Firman
convenios
Ofertas tecnológicas
Computadoras de
escritorio y laptops con internet para un año dejaron las petroleras
en Miwaguno. En Chiru Isla (ambos en Orellana), en cambio, dieron
computadoras de escritorio, sin internet.
Informe de ONG
“Permitir y facilitar
las operaciones y no afectar, impedir, paralizar u obstaculizar las
operaciones”... “Dar todo el apoyo a la Secretaría de
Hidrocarburos”, son parte de los compromisos que firmaron
comunidades nativas con las petroleras, según un informe del 2012 de
Acción Ecológica.
