El pasado viernes 04 de julio se
desarrolló en el Centro de Eventos Galeb, camino al puerto de Huasco, una
reunión convocada por el abogado de Barrick Gold y ex abogado del grupo
Lucksic, Francisco Charlin, Director Legal Pascua Lama y Veladero y el
Concejal diaguita Oriel Campillay, quien ha denunciado que el acuerdo fue
suscrito de manera inconsulta, que aún el texto no ha sido conocido por las
organizaciones supuestamente firmantes, y que no tiene legitimidad
alguna.
Desde que el Concejal diaguita Oriel
Campillay denunció en una radio de Vallenar que el controvertido “Memorándum de
Entendimiento” impulsado por el abogado Lorenzo Soto y firmado por 12
comunidades diaguitas, 3 Asociaciones y la empresa Barrick Gold, no había sido
conocido por los integrantes de las organizaciones, carecía de legitimidad y
había sido impuesto por los representantes, primero comenzaron las llamadas
telefónicas amenazantes de Lorenzo Soto y luego los insistentes llamados del
abogado de Barrick, Francisco Charlin, para concertar una reunión y acallar las
peligrosas disidencias que deslegitiman “el trabajo comunitario” hecho por la
minera con un grupo de dirigentes remunerados por la empresa. Oriel Campillay
aceptó finalmente asistir, bajo la condición de que le dieran una copia del
Memorándum que se supone su comunidad firmó, pero en la cita solo le mostraron
el documento y le permitieron ojearlo… las comunidades a más de un mes del
“acuerdo” aún no pueden poseer lo que supuestamente acordaron.
Para poner fin al secretismo
que ha rodeado las reuniones de la empresa con la comunidad, el
concejal socializó un informe en la que da fe de lo que ahí ocurrió (Se
adjunta informe). El documento expresa aberrantes irregularidades, como
que Barrick impuso que el acuerdo fuera suscrito por los dirigentes sin ser
conocido por las comunidades y sería tarea de los dirigentes conseguir las
firmas, en menos de treinta días, de sus bases para respaldarlo. El documento
devela también que en el acuerdo se establecía que los honorarios de los
abogados de las comunidades, Lorenzo Soto y Alex Quevedo, serían
cancelados por Barrick -y con retroactividad-, vale decir, que los dos años
de asesoría legal gratuita que había ofrecidos Soto y Quevedo, ahora
encontraban su paga, pero además se les cancelaría un salario por sus oficios
en este acuerdo y por la implementación del mismo.
Esto es particularmente preocupante
toda vez que CONADI y el Estado chileno se automarginaron del rol de garantes
que les cabe en este tipo de tratos, pese a lo que exige el Convenio 169
de la OIT, y que el gobierno ha recibido a lobbistas de la empresa en la
Moneda, para ver cómo viabilizar un proyecto que se ha demostrado técnicamente
inviable y socioambientalmente insustentable.
Cabe recordar, que el acuerdo del que
hablamos fue difundido por múltiples medios de comunicación y fue aplaudido por
autoridades como una sana vocación al diálogo de las comunidades, pero ahora
que se ha descubierto que el acuerdo fue mal habido, esos mismos medios no han
difundido que aquí no hubo diálogo ni escucha activa, sino que promoción de la
corrupción, ocultamiento de información y una deliberada estrategia de la
empresa para salvar un proyecto minero contra los derechos de los habitantes
del Valle del Huasco y del patrimonio ambiental del país.
Por esto, en el documento adjunto que
el Concejal y diaguita Oriel Campillay hizo circular, señaló:“Con la
reunión, me quedó claro que la intención de Barrick era que yo pudiese
colaborarles en transparentar y limpiar este sucio y corrupto procedimiento de
intervención en nuestra comunidad. Tras todo esto quiero expresar que rechacé
esa propuesta y seguiré trabajando para anular este Acuerdo, ya no quiero
negociar ni dialogar, quiero que la empresa se vaya y no siga destruyendo y amenazando
nuestro valle.”
Comunicaciones Concejal Oriel
Campillay
Patricia Alvarez Olave
Presidenta Consejo Defensa
del Valle del Huasco
