COMUNICADO PUBLICO
Mediante un recurso de
protección interpuesto esta mañana contra el Comité de Ministros en la Corte de Apelaciones de Santiago, una delegación de más de 30 vecinos del puerto de Huasco pretenden salvaguardar su derecho a la vida, la salud, la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Por más de 40 años
Huasco ha sido víctima de emanaciones contaminantes bajo promesas de progreso y
desarrollo que jamás han llegado, de hecho lo que sí ha sobrevenido en el
territorio son índices de contaminación, enfermedad y mortalidad tan altos, que
el año pasado se decidió por fin declararla zona de latencia ambiental,
para evitar consecuencias catastróficas en el sector.
Sin embargo, el 17 de
enero se oficializó el acuerdo del Comité de Ministros, máxima
autoridad ambiental del país, de aprobar la construcción de la Termoeléctrica
Punta Alcalde, de Endesa, contraviniendo todos los argumentos técnicos y
ambientales de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que luego de 40
meses de estudio del proyecto dictaminó que no había ningún
antecedente que permitiera demostrar que el proyecto no contaminaría la zona de
latencia del Valle del Huasco, cuestión que sustentó un rechazo
mayoritario desde la región.
Los argumentos del
recurso de protección se centran principalmente en que el acuerdo del Comité de
Ministros supone modificaciones sustanciales al proyecto presentado a
evaluación ambiental, por lo tanto se requeriría a lo menos de una nueva
evaluación para determinar su aprobación o rechazo y no solo de la concurrencia
de 5 ministros que atendieron exclusivamente las aseveraciones de la
empresa sin oír a la comunidad ni a los servicios técnicos especializados.
Esto claramente supone un debilitamiento de la institucionalidad
ambiental, que no favorece a las comunidades ni a la sustentabilidad país, y
que viabiliza de manera irregular proyectos probadamente atentatorios
a los derechos básicos de las personas.
Por otro lado, las
comunidades sostienen que la aprobación desde la autoridad nacional, sin
argumentación que la valide, atenta flagrantemente contra el principio
preventivo que ha sido incorporado en los últimos fallos de la Corte
Suprema, restituyendo el espíritu que vio nacer la legislación ambiental en
1994.
Por último, resulta
claramente impresentable que un sector que fue declarado a mediados de
2012 como zona de latencia por contaminación ambiental, sin que aún
exista un plan de prevención que permita bajar las emisiones al aire y al
medio marino, vea ahora aprobar un proyecto todavía más grande y
contaminante de los ya operativos en el territorio, haciendo creer que esto limpiará
el aire del lugar. Esto es una burla para los y las habitantes del Valle
del Huasco, pero sobre todo una amenaza de muerte para las actuales y
futuras generaciones.
La solidez de estos
argumentos hace que las comunidades tengan plena confianza en que la
justicia, por el bien local y nacional, restituirá los derechos violentados y
hará prevalecer el espíritu preventivo de la normativa ambiental, sin
ceder a las presiones que lamentablemente influenciaron la decisión
del Comité de Ministros.
COMUNICADO PUBLICO
