Cuatro recursos de protección presentados por separado por
diversos actores sociales y ambientales que se oponen a la construcción de la
termoeléctrica de Endesa en Huasco, serán vistos en conjunto por la justicia.
Sin embargo, la resolución que formalizaría la aprobación del polémico
proyecto, aún no ha sido emitida por el Comité de Ministros lo que genera
indudable desconcierto sobre el tema.
La semana pasada, luego de que el Comité de Ministros
presentara sus descargos ante la Corte de Apelaciones de Santiago frente a los
recursos de protección interpuestos, Endesa decidió hacerse parte en el juicio,
solicitando, al igual que las comunidades que la confrontan, que se agruparan
los recursos presentados por el Municipio, los pescadores, diversas
organizaciones socioambientales y por parlamentarios de la zona. En este
entendido, hoy la primera sala de la Corte decidió acumular los recursos en una
sola causa.
Uno de estos recursos solicitaba una orden de no innovar que
fue acogida, lo que supone la paralización de actos administrativos y faenas
que signifiquen cualquier avance en la implementación del proyecto hasta que no
se resuelva el juicio. Sin embargo, y esto es lo que llama poderosamente la
atención de quienes están apoyando a las comunidades en conflicto, hoy se
descubrió que el Comité de Ministros mantiene pendiente una pregunta a la
Corte, relativa a si no habiendo sido emitida por ellos la resolución exenta,
la orden de no innovar impide o no notificar la resolución correspondiente.
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales (OLCA), la institucionalidad ambiental desconcierta a
la ciudadanía al develarse que el Comité de Ministros, pese a haber aprobado la
termoeléctrica en diciembre de 2012, aún no emite la resolución que oficializa
esta decisión. Esto que podría ser un tecnicismo, es de suma importancia, pues
los pasos legales operan en plazos que corren luego de ejecutados los actos, y
por lo tanto la ausencia de esta resolución puede dilatar más de la cuenta
decisiones que comprometen la vida de las personas, es decir, se extiende en el
tiempo la incertidumbre y la vulnerabilidad que hoy afecta a las comunidades de
Atacama.
“Tras el accionar de la máxima autoridad ambiental del poder
ejecutivo, el Comité de Ministros, o hay desinformación y desidia, lo que sería
sumamente grave, o peor aún, hay un afán de ganar tiempo jugando con la vida,
la salud y la confianza en el sistema democrático de las comunidades de la
región de Atacama. Sea cual sea la razón, nos parece inaceptable que se opere
de este modo”, remata Cuenca.
Es decir, el debut de la nueva institucionalidad ambiental
no solo ha sido políticamente cuestionable al pretender viabilizar inversiones
contra todos los informes técnicos disponibles que señalan que las mismas
atentarían contra los derechos básicos de las personas; sino que además,
procedimentalmente, está demostrando no tener ningún apego a la normativa
vigente, contribuyendo con ello a ralentizar el proceder del Estado, y a
confundir los legítimos procesos ciudadanos en defensa de los derechos que nos
asisten constitucionalmente.
Comunicaciones OLCA
Santiago, 15 de marzo de 2013
