Terminaba el mes de febrero y todo el mundo vivía sus últimos días de vacaciones en la costa de la tercera región. Con guatas prominentes y bronceadas, escuchando el oleaje de las playas más extensas y vírgenes de Chile, nadie esperaba que una noticia medioambiental sacudiera al país completo.
De la noche a la mañana, el representante del Ministerio de Salud para Atacama, Dr. Nicolás Baeza Prieto, cambió la resolución que calificaba de contaminante a molesto, el megaproyecto de la Termoeléctrica Castilla, en las cercanías de Totoral.
Lo extraño de toda esta situación, es que en menos de una semana y a través de un par de mails enviados por Baeza, se catalogó de inexacto e incorrecto el informe emitido por el Servicio Regional Ministerial de Salud (Seremi) anterior.
Con este hecho, el ginecólogo designado para representar la postura en salud del gobierno en la región de Atacama, logró la reactivación del proyecto termoeléctrico Castilla, que estaba estancado en las instituciones medioambientales de la ciudad, por no ajustarse completamente a la norma vigente en su momento, la cual incluía la participación de agentes sociales. Este aspecto fue resguardado por la Corte Suprema durante el 2010.
Sin embargo, con la nueva normativa medio ambiental vigente desde este año, se eliminó toda instancia de participación ciudadana en la decisión de los proyectos. De ahora en adelante, la ciudadanía solo tendrá derecho a voz en las primeras etapas de las resoluciones con gran impacto ambiental, el resto de los procesos evaluativos estará a cargo del Comité de Evaluación Ambiental de la región correspondiente. Esto es lo que pasó en Aysén, con la megarepresa hidroleéctrica y lo que ocurrió en la región de Coquimbo con la central barracones de Punta de Choros.
Los expertos a la fuerza
El buró de expertos designados para decidir sobre las materias medioambientales, son precisamente las personas “menos susceptibles a presiones e independientes del aparato estatal”. Me refiero a los jefes y jefas de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi), que son designados por el Presidente de la República, y representan a los Ministros de cada cartera en la región, rindiendo cuentas al Intendente.
En Atacama, algunos de los encargados de esta “experticia” en temas ecológicos son los siguientes:
-Representante del Seremi de Salud por la Región de Atacama: El doctor Nicolás Baeza. Ginecólogo que trabajó en el hospital regional de Copiapó. Luego de pasar entre los pasillos setenteros de la torre de pacientes y las partes íntimas de las atacameñas, este doctor terminó dirigiendo el informe que determinó que una mega central termoeléctrica en base a carboncillo, que generará tanta energía como Hidroaysén, sólo era molesta y no contaminante.
-Por parte de la cartera de medio ambiente, el abogado Mario Manríquez Santa Cruz, puso sobre la mesa su autoridad académica. ¿Cómo podríamos llegar a dudar del criterio de un abogado experto en derecho ambiental? Titulado de la Universidad de Los Andes, esa en donde el Opus Dei ha formado a tantos abogados que resguardan las leyes de la república. Manríquez fue el encargado de seguir la línea de la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien señaló : ''No nos interesa que el medio ambiente se dañe, queremos que las empresas cumplan”.
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-Por otro lado, tenemos al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Carrasco Milla. Un joven arquitecto salido de la Universidad de Chile, que hizo todo lo posible para mantener el plano regulador de Caldera y Copiapó intactos. De haberse cambiado, el territorio que comprende la Hacienda Castilla, en donde se emplazará la termoeléctrica, hubiera sido considerada como zona urbana y su uso de suelo no habría permitido la construcción de una mega industria, como lo reclamaba la alcaldesa del puerto de Caldera.
-Por último y no menos importante, destaco la presencia de Alberto Barrio Nuevo, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, conocido por ser hijo de un ex-intendente de Atacama. Este empresario del rubro de la construcción asumió el cargo el año pasado y como uno de los principales hitos de su gestión, destaca el plan de descongestionamiento de Copiapó, con el cual se quitarían los estacionamientos de todo el casco antiguo. De impacto ambiental él no se preocupaba, su pega era ver la normativa vigente para cuidar los caminos y el tendido eléctrico.
CEA IN ACTION
El día en que se aprobó la Termoeléctrica Castilla, prensa de todo Chile llenó las dependencias del edificio de la Intendencia. Varias quinceañeras miraban asombradas a Amaro Gómez Pablo, quien reporteaba para su magra crónica sobre Castilla.
Ese día, en una sesión que comenzó temprano, se discutieron los aspectos más relevantes del proyecto, en un tiempo muy breve, lo que impresionó a los asistentes. Sólo se vio retrasado por las discusiones entre el diputado Alberto Robles (PRSD) y la Intendenta de Atacama, Ximena Matas, que dieron gala del diálogo de la clase política entre gritos y amenazas de una parte y la otra.
Lo que no se mencionó en esa corta reunión, es que el día anterior se vio llegar solo en su vehículo a Mario Manríquez, Seremi de Medio Ambiente, a su hogar en el callejón Guillermo Toro Lorca en el Pueblo de San Fernando (sector antiguo de Copiapó), a eso de las tres y media de la mañana. Quizás de la que fue la afinación de los últimos detalles de lo que al día siguiente se convertiría en la aprobación de Castilla, o tal vez participó de la reunión secreta que llevaron previamente a la aprobación oficial, la que nunca se pudo comprobar y se disolvió entre los rumores de pasillos.
Tampoco se habló del miedo que Pablo Carrasco manifestó días antes de la votación del comité de evaluación ambiental, mientras carreteaba en local La Minga del sector de la Alameda. Cuando hablaba de su verdadera visión del ecosistema algo valioso e importante según él, pero menos urgente que la mantención de su puesto.
El gobierno y sus lokillos ambientalistas
Al igual que con Hidroaysén, muchas voces se levantaron denunciando las presiones del ejecutivo contra los Seremis que componían el comité de “expertos”, los que finalmente aprobaron la termoeléctrica Castilla.
Pese a que se negó prolongadamente, el lobby de la empresa MPX actuó de manera descarada. Esta empresa perteneciente al octavo hombre más adinerado del mundo, Eike Batista, contrató a un abogado infalible, Andrés Jana, ex socio económico del también abogado Rodrigo Hinzpeter.
Mientras tanto, el nuevo y flamante subsecretario de energía se sentaba en su nuevo sillón, en una desconocida pero importante oficina ubicada en Alameda 1449 de Santiago. Hombre de confianza del biministro Golborne, Sergio del Campo Fayet, decidió cambiar su puesto en la alta gerencia de la empresa Guacolda, allá en Las Condes, para trabajar en pro del desarrollo energético de Chile, en un cargo de verdadera importancia.
Quizás no le satisfacía trabajar en la empresa dueña de la termoeléctrica más grande de la tercera región y consideró que era tiempo de ir por algo aún más noble, sin importar las críticas que podía suscitar el conflicto de intereses entre esos sucios jipis que se oponen al desarrollo energético del país.
Sucesos como el de Castilla, en el verano o el de Hidroaysén, la semana pasada, nos demuestran que la ley puesta en ejecución este año, diseñada por los gobiernos de la Concertación y moldeada por la Alianza en el Congreso, no hace más que demostrarnos que es insuficiente para proteger a nuestro entorno ecológico.
Además, casos como el de Castilla, nos revelan los enormes “conflictos” de interés presentes en las autoridades actuales de gobierno y la incapacidad del Estado como protector de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Quizás la Constitución, así como la Biblia, termine en la sección de ficción de más de algún paisano desencantado y desilusionado.
David Bicharrako Ortiz
