El martes 11de junio,
el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales,
que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la
promulgación del Convenio UPOV 91, hecho a medida de Monsanto y de
las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas.
Es muy posible que el Presidente Piñera esté así cumpliendo
instrucciones de Obama luego de su reciente encuentro, pero habrá
que esperar un próximo wikileak para tener la total certeza de ello.
El proyecto de Ley de Obtentores, presentado por la ex Presidenta
Bachelet y resistido entonces por las organizaciones campesina y
sociales a las que ella no recibió ni escuchó, contiene artículos
que -entre otras aberraciones- prohíben el intercambio y guarda de
semilla y posibilitan que el obtentor (Monsanto, Bayer, von Baer,
Dupont, Syngenta, etc) demande al infractor por "piratería"
como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá.
El pago del royalty
o patente se extiende no sólo a la semilla sino los subproductos
derivados de ella y se extiende la vigencia del registro otorgado al
obtentor. La ley consagra el monopolio de la semilla por los
obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que
tiene como consecuencia implícita y obviamente no declarada, la
progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena. En los
países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los
intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a
disposición de los campesinos semilla "certificada" y/o
transgénica, en el caso del maíz y la soya. Recordemos que Brasil,
China, Ecuador, entre otros NO han firmado este convenio, que no es
un convenio emanado de Naciones Unidas sino ha sido generado por las
transnacionales productoras de semillas y agrotóxicos (químicos)
con el apoyo de los gobiernos.
Los senadores Alejandro
Navarro, Ximena Rincón, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Carlos
Bianchi, Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi, Isabel Allende, Jaime
Pizarro, José Antonio Gómez, Mariano Ruiz-Esquide, Soledad Alvear,
Camilo Escalona, Pedro Muñoz Aburto, Patricio Walker, Guido Girardi
y Ricardo Lagos Weber en 2011 plantearon ante el Tribunal
Constitucional que el Convenio UPOV 91 aprobado ese año, era ilegal.
El TC no acogió el fondo de la petición, y le devolvió la pelota
al Senado, para que hiciera una ley de Obtentores que cuente con
consulta a los pueblos indígenas, y que asegure el resguardo del
patrimonio genético de Chille y su biodiversidad. Por ello, hemos
dirigido la siguiente carta a estos 17 senadores que mostraron
sensibilidad en el tema:
Como Alianza por una
Mejor Calidad de Vida RAP-Chile, integrada por la Red de Acción en
Plaguicidas Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas ANAMURI y el Observatorio de Conflictos Ambientales, OLCA,
que integramos la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, nos
hemos enterado que el próximo martes 11 de junio se reactiva en la
Comisión de Agricultura del Senado, la tramitación del Proyecto de
Ley de Obtentores Vegetales, que hasta ahora no tenía urgencia.
Desconocemos si se le ha
puesto urgencia en las últimas horas. Nos llama poderosamente la
atención el hecho de que la conocatoria a la sesión de la comisión,
a la que asistirán el Ministro de Agricultura y el MInistro de
Relaciones Exteriores, se realiza inmediatamente después de la
visita del Presidente Piñera al Presidente de Estados Unidos, sr.
Obama. Como Uds. recordarán, tanto este proyecto de ley como el
Convenio UPOV 91 ya aprobado por el Senado en 2011, han sido
discutidos bajo directa presión de la Casa Blanca (Tratado de Libre
Comercio) a lo que se suma el poderoso lobby de Monsanto y otras
transnacionales, además de sus socios locales.
Como es de su
conocimiento, pese a haber sido aprobado por el Congreso, el convenio
UPOV 91 no ha sido promulgado debido precisamente a que algunas
cláusulas del mismo son contradictorias con la actual Ley de
Semillas, que sería derogada si se aprueba el proyecto en segundo
trámite constitucional. En la oportunidad, se planteó que debió
haberse discutido primero el proyecto de Ley de Obtentores. Aunque
el Tribunal Constitucional rechazó la objeción de legalidad
presentada por ustedes señores senadores, con el respaldo de las
organizaciones campesinas, sociales y ambientales, en esa oportunidad
el Tribunal Constitucional no fue al fondo del asunto, y sostuvo en
su fallo que era al Senado a quien correspondía velar porque se
cumpliera con la consulta a los pueblos indígenas (Convenio 69) y
garantizar el resguardo de la biodiversidad y el patrimonio genético
del país. En lenguaje popular, diríamos que el Senado "les
devolvió la pelota".
Nos parece imprescindible
recordar a Uds. que el proyecto de ley de Obtentores Vegetales
contiene artículos que vulneran y criminalizan el derecho ancestral
de campesinos e indígenas a guardar la semilla, y a practicar el
libre intercambio de semillas, entre otras aberraciones. En los
países de Europa y América en los cuales está vigente el convenio
UPOV 91 gracias a la vigencia de nuevas leyes de obtentores de
semillas, los productores agrícolas ya han perdido esos derechos.
Sin embargo, en diciembre de 2012, la Corte Constitucional de
Colombia declaró inasequible la Ley 1518 de abril 2012 que aprobaba
el Convenio UPOV 91 de Protección de Obtentores Vegetales. Las
organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y campesinas y
de ciudadanos del país andino, consideraron el fallo como una
primera victoria hacia la garantía plena de los derechos de sus
comunidades sobre sus semillas en su lucha por la soberanía
alimentaria.
En Chile, el convenio
UPOV 91 se aprobó entre gallos y medianoche, mientras en las calles
la ciudadanía movilizada rechazaba el proyecto HidroAysén. Sólo
votaron en contra del proyecto los senadores Ximena Rincón (Maule) y
Jorge Pizarro (Coquimbo), junto a José Antonio Gómez
(Antofagasta), Alejandro Navarro (BioBio,), y Jaime Quintana
(Araucanía).
No aceptaremos que la
Ley de Obtentores Vegetales sea tramitada en el Senado de una forma
similar, por lo que esperamos de Uds., señores senadores, que
mostraron sensibilidad en el tema luego de esa nefasta aprobación
del convenio pro Monsanto, que garanticen el derecho de las
organizaciones campesinas, indígenas, sociales y ambientales a dar a
conocer los fundamentos de su rechazo a este proyecto de Ley de
Obtentores, que asegura el pago de patentes para los obtentores, en
su gran mayoría transnacionales, y despoja de sus derechos a los
pueblos campesinos e indígenas, custodios, desarrolladores y
guardadores de la semilla a lo largo de la historia.
Reciban uds. un atento y
preocupado saludo de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida,
RAP-Chile, y la campaña nacional Yo No Quiero Transgénicos en
Chile.
María Elena Rozas,
coordinadora Red de Acción en Plaguicidas Chile
Lucía Sepúlveda,
encargada de semillas y transgénicos en RAP-Chile