En nuestro país, la pena
de cárcel denominada “cadena perpetua” en su grado mínimo es de
cuarenta años. Cuarenta años – o más- a los que por analogía
se condenó a los recursos pesqueros del país, ya que la actual Ley
de Pesca, basándose en los “acuerdos” firmados tras la mesa
pesquera, significó no sólo el desprendimiento de la potestad
estatal sobre los peces, sino que también marcó el inicio de “la
última cena” para la pesca artesanal. Así sin más, tras este
triste suceso se sentaron las bases que establecen que en Chile no
hay más dueños de los recursos pesqueros del país, que los que los
“acuerdos” Longueira dictaron, y que recordemos fueron firmados
por empresarios, gobierno y “representantes” de la pesca
artesanal.
Para partir entonces, tal
vez resulte importante recordar el punto clave y medular que se
consiguió aprobar mediante la promulgación de la Ley de Pesca
ideada por el ex-Ministro de Economía, Pablo Longueira, pese a todos
los “adornos navideños” que dieron de yapa. Muchos de ustedes,
inexpertos tal vez en materia pesquera se preguntarán de qué se
trató. Pues bien, este punto clave se puede resumir en dos palabras:
derechos pesqueros. Siguiendo con lo anterior, se debe recordar
además que en Chile existen grupos económicos poderosos, que en el
caso de la pesca, hemos denominado las siete familias de la industria
pesquera, y que fueron éstas precisamente las que durante el
transcurso del año pasado hicieron lobby –esa suerte de reuniones
“secretas” en las que se tranzan los negocios de un país entre
parlamentarios y empresarios- para quedarse con los derechos de
propiedad privada (derechos pesqueros) sobre los recursos pesqueros y
que gracias a la ardua labor del ex-presidenciable Longueira, sus
súbditos y defensores, finalmente, lo consiguieron.
Y es precisamente para
dilucidar quiénes integran este “cartel de la pesca” y lo que en
la práctica implica el otorgamiento de derechos de pesca a
particulares, que se puede ejemplificar cómo nos afecta como
sociedad a través del caso de Pesca Chile, filial de Pesca Nova
España en Chile, empresa dueña de cuotas de pesca de varias
especies que actualmente están sometidas a los regímenes de
explotación pesquera.
Pesca Chile entonces,
filial de la transnacional Pesca Nova España, logró apropiarse de
varios recursos pesqueros, gracias a la Ley de Pesca Longueira y sus
acuerdos previos, concretando no sólo la adquisición de derechos de
propiedad sobre buena parte de los recursos pesqueros que hay en
Chile, sino que además, la empresa en cuestión obtuvo la potestad
que gracias a este “título de propiedad” permite que entre sus
activos financieros –o su capital- figuren precisamente estas
cuotas de pesca, las que ahora pueden vender, tranzar, hipotecar,
traspasar, y en fin, hacer cualquier tipo de negocio especulativo,
como si se tratase de dinero depositado en una cuenta bancaria.
Las cuotas de pesca que
antes eran fijadas por el Estado a través de una especie de
concesión temporal y que no constituían derechos de propiedad sobre
las futuras asignaciones, hoy no nos pertenecen más, no son más un
asunto de Estado, sino que son un asunto, un negocio entre privados.
Ejemplos de este caso y de lo que ha obtenido esta empresa
gratuitamente, esto es, los “derechos de pesca” encontramos en la
especie merluza de cola, cuya cuota asciende a 4.721,001 tons. Otro
caso está en la pesquería de Merluza del sur con 3.892,721 tons; y
Congrio dorado con 571 tons, entre otros recursos pesqueros,
sometidos ahora a los poco criterioriosos parámetros del Rendimiento
Máximo Sostenible.
Hoy Pesca Chile como
representante legal de Pesca Nova España se encuentra en quiebra, y
lo más tragicómico del asunto es que la parte más importante de
sus “activos”, de su capital, lo constituyen los derechos de
pesca que el Estado chileno les regaló, con pleno consentimiento de
muchos “honorables” y de varios líderes de la pesca artesanal
pagados por la industria pesquera.
CONAPACH, CONFEPACH,
separación histórica de un mismo movimiento que parte con la
repartija de cuotas de pesca entre dueños de embarcaciones
artesanales e industriales, hoy liderados por quienes vendieron a la
pesca artesanal, representan los intereses de los dueños, esos que
el estado denominó en cierta época “armadores” artesanales que
desarmando a los pescadores artesanales reales, se armaron con la
propiedad de los recursos pesqueros para sí o para quién les pague
por ellos.
Ahora corresponde esperar
que la “buena voluntad” empresarial – de agentes como Pesca
Nova- y de los Pymes de la pesca artesanal dé frutos y comiencen a
rematar sus “activos” aunque estos sólo existan en la teoría
especultaiva neoliberal democrática. Esperar que como dueños de la
cuota de muchos de los más importantes recursos pesqueros del país,
nos vendan como gran novedad el derecho a pescar en nuestras propias
aguas ¿negocio redondo no?
Años de política
concertacionista para allanarles el camino, para que ahora sí con
papel en mano y con ley de estado de por medio, dieran la estocada
final que condenará a los recursos pesqueros del país a esta suerte
de cadena perpetua, como si su delito fuese existir libremente, en
estado bravío y sin dueño definido.
La conclusión a la que
podemos llegar entonces, es la siguiente: el estado que muchos aún
imaginan, no existe. De lo contrario, en vez de estar cediendo
nuestros recursos pesqueros –y naturales- a los grandes capitales
extranjeros, hubiera potenciado que la buena alimentación que se
consigue de los productos del mar, se quedara en casa y alimentara a
su gente y a sus vecinos. Se cuidaría y defendería a la pesca
artesanal consciente y verdadera: aquella que usa aparejos de pesca
selectivos, en vez de haber otorgado gran parte de los recursos
pesqueros a los “palos blancos” infiltrados en la pesca artesanal
por el chicago boy, Ricardo Lagos en 2002, y que hoy lamentablemente
tienen en sus manos la mayor parte de la cuota –y por ende
propiedad- del sector.
Resulta penoso escuchar
los quejidos convalescientes de la clase política chilena, al
momento de defender los postulados nacionalistas que buscan hacer
resaltar lo peligroso de otorgar una salida al mar a los hermanos
bolivianos o el conflicto de límites marítimos con Perú, por
atentar contra la soberanía de Chile en el mar, cuando en los
hechos, los recursos del mar por Ley ya no pertenecen a la nación
toda y menos aún a todos los chilenos.
La soberanía –creo- se
defiende en primer lugar, garantizando a todxs lxs chilenxs la
defensa de la tierra, el mar y sus recursos. Nosotros apelamos a la
defensa de los recursos marinos, para comenzar a imaginar un país
nuevo, donde la justicia deje de tener valor monetario y donde
podamos elegir qué hacemos con nuestros recursos pesqueros pues
finalmente ¿De qué sirve un mar sin peces, sin moluscos, sin
crustáceos, sin BIODIVERSIDAD, y sin libre acceso?
Hoy en día, los
verdaderos pescadores artesanales, exigimos la derogación de la Ley
Longueira, no sólo porque hereda derechos de pesca a modo de cadena
perpetua –por veinte años renovables, para quienes tienen buena
comprensión lectora-, sino además porque prolonga la miseria
alimenticia en nuestro país, privilegiando las irracionales
ganancias y el nepotismo (esa costumbre de poner en cargos
públicos-privados a los familiares) para el oligopólico (reducido y
privilegiado) sector privado, antes de favorecer de alguna forma a la
totalidad de los chilenos.
Por Cosme Caracciolo,
pescador artesanal
