El Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina -OCMAL-, reunido en su V Encuentro en la peruana
ciudad de Lima, manifiesta su total repudio a la cadena de asesinatos que ha
tenido lugar en las últimas semanas en Nuestra América, y que el día de ayer
cobró una nueva víctima en el hermano país de Ecuador. El compañero Fredi
Ramiro Taish Tiwiram, de la comunidad indígena Shuar, fue asesinado en un
confuso operativo del ejército ecuatoriano frente a la llamada minería ilegal.
Es de resaltar que el pueblo
Shuar está siendo doblemente atacado, por la presencia de la minería
trasnacional, y la pequeña minería existente en la zona. Este nuevo crímen se
suma al que recientemente tuvo lugar en Colombia, donde se segó la vida de
César García quien oficiaba como integrante del Comité Ambiental y Campesino de
Cajamarca, reconocido lider de la oposición al proyecto minero la Colosa
-impulsado por la trasnacional Anglo Gold Ashanti. Asesinatos que nos recuerdan
los perpetrados también en Bolivia contra José Mamani, y el que tuvo lugar en
Malku Qota y los ocho heridos por balas el pasado año en ese mismo país; la
represión, judicialización y muertos en el Perú por la oposición a la minería
en el proyecto Conga, de la empresa Yanacocha, y en la Provincia de Espinar con
el proyecto de la empresa Glencore Xstrata, entre muchos otros casos.
Para el OCMAL, estos asesinatos
no pueden ser entendidos de manera aislada a la imposición del modelo
extractivo minero en la región. Al contrario, hacen parte de un escenario de
conflictividad agenciado por la irrupción corporativa en territorios hoy
disputados por empresas que despliegan estrategias de despojo comunitario. Si
estos agentes externos no hubiesen llegado con sus proyectos a los territorios,
seguramente las esposas, los hijos, las familias y las comunidades de nuestros
compañeros hoy continuarían contando con su compañía, con sus enseñanzas y sus
sonrisas.
Manifestamos nuestra profunda
preocupación e indignación por la creciente criminalización de los defensores
de la naturaleza en la región, estrategia que está siendo utilizada por las
empresas y los gobiernos latinoamericanos, incluso por algunos de aquellos que
se autoreferencian como progresistas o alternativos. Entendemos estas
estrategias de criminalización en un sentido amplio, pasando por la
estigmatización, la invisibilización, las amenazas individuales y colectivas,
la judicialización, la represión y la militarización de los territorios, y que
incluso desembocan en asesinatos, como lo hacen manifiestos las recientes
muertes que hemos señalado, y las que históricamente han tenido lugar en
nuestros países. En última instancia, la criminalización en nuestra región hoy
pretende anular la posibilidad de ser diferentes, de ejercer libremente la
oposición y la denuncia de la destrucción, y la posibilidad de mantener
relaciones armónicas con la naturaleza.
Invitamos a los pueblos hermanos
y a sus organizaciones nacionales e internacionales, a rodear con la
solidaridad que les caracteriza a las familias y comunidades que hoy se enlutan
como consecuencia de la desaparición física de nuestros compañeros. La
solidaridad que expresa la ternura de nuestros pueblos nos hará recordar para
siempre que la muerte ofertada por el modelo extractivo no podrá acallar la
lucha, ni opacar la alegria de hombres y mujeres libres, dignos y solidarias.
Exigimos a las instituciones
competentes de los países en los que han sido perpetrados los crímenes,
celeridad y esclarecimiento de los móviles, y la identificación y captura de
los autores intelectuales y materiales de los ataques. Exigimos también que se
respeten los regímenes constitucionales y los tratados internacionales para la
garantía del derecho a un ambiente sano como condición necesaria para proteger
el derecho a la vida. Exigimos también la revisión de los marcos normativos y
legislaciones que favorecen la impunidad de los crímenes económicos y
ecológicos de las empresas y corporaciones, y que se hacen manifiestas, entre
otras, en la ley minera en trámite en Bolivia, y la ley de resguardo del orden
público en Chile, despropósitos que además profundizan la represión social.
Solicitamos respetuosamente a los
organismos internacionales de derechos humanos su acompañamiento preventivo a
las comunidades que se encuentran en grave riesgo por los conflictos socio
ambientales que el modelo extractivo ha implantado y exacerbado. Asimismo
solicitamos su pronunciamiento y acción frente a la falta de garantías en
nuestros países para ejercer el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la
organización social para la defensa territorial.
Porque celebramos la vida, la
minería en Nuestra América no pasará.
Lima, 9 de Noviembre de 2013.
