A
quienes defienden el buen vivir:
Desde contexto y territorio mapuche
lafkenche, queremos manifestarnos como defensores de nuestros derechos
fundamentales y comunicarles a hermanos y hermanas, mujeres, hombres, niños,
niñas, adultos mayores y jóvenes acerca de la firme resistencia que venimos
sosteniendo por un cuarto de siglo.
Desde 1996 la empresa transnacional Celulosa Arauco y Constitución ha irrumpido violentamente buscando realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que avale la construcción de un ducto para evacuar los desechos químicos de la Planta Valdivia (San José de la Mariquina) en la bahía de Maiquillahue y la playa de Mehuin. En complicidad con el Estado de Chile, los gobiernos de turno (1996-2021) y la institucionalidad ambiental, Celco ha intentado en distintas oportunidades invadir con su proyecto este territorio ancestral y contaminar el mar, utilizando como estrategias la desinformación, la desintegración del tejido social y el sicariato.
Hemos defendido el mar no como un
movimiento medioambientalista, sino que como habitantes que se vinculan con su
territorio desde una integralidad, donde el idioma, la medicina, la
espiritualidad, la alimentación y la economía sustentable local, entre otros
elementos, son esenciales para desarrollarnos en bienestar. Es así que nos identificamos como una
resistencia de carácter intercultural, pues la construye tanto el pueblo-nación
mapuche como la sociedad chilena. Esta interculturalidad, sin embargo, dista de
la propuesta paternalista del Estado: practicamos la autonomía, es decir que
como habitantes de este territorio tomamos las decisiones que le conciernen, y
es gracias a eso que hemos logrado mantenerlo a salvo todo este tiempo.
Han sido 25 años de defensa, de
resistir a todas las caras de la violencia estatal, empresarial y policial
operando en conjunto. ¿Cuánto tiempo más debe pasar hasta que veamos el fin de
este conflicto? En el presente observamos con atención el proceso de la
Convención Constitucional, que como órgano del Estado debe saber responder y
hacerse cargo del corrupto conglomerado que éste ha formado con el gran
empresariado. Acabar con los mecanismos que permiten políticas que favorecen de
forma sistemática al capital es obligatorio para poner término a los conflictos
que vivimos en los territorios.
Hoy hacemos memoria de una lucha
histórica, en un país donde defender el buen vivir significa persecución y
criminalización. Nos hemos enfrentado a los seres, las corporaciones y las
instituciones más siniestras de la política y el poder económico chileno,
quienes han tratado por todos los medios quebrar nuestra voluntad y hacer
desaparecer nuestro estilo de vida. Somos defensores y defensoras de las aguas
y la tierra, de un mar libre y limpio, de este territorio que sostiene la vida
biodiversa, de nuestra memoria e identidad.
Por eso, como en numerosas ocasiones
hemos dejado en evidencia, reafirmamos que:
1. CELCO es una empresa
ECOCIDA, ILEGÍTIMA y CORRUPTA que debiese estar FUERA de todos los territorios,
porque depreda los ecosistemas y empobrece a las comunidades en función de
intereses económicos mezquinos y criminales.
2. El Estado de Chile VIOLA
los derechos fundamentales de todo cuanto habita este amplio y diverso
territorio, sirviendo a un modelo de mal desarrollo, saqueo y devastación,
donde el negocio forestal y de la celulosa es uno de los bastiones del
capitalismo extractivo.
El poder político-represivo ha sido
implacable en arremeter y no escatimar ningún recurso al servicio del grupo
Angelini. Nuestro territorio ha sido militarizado en distintas oportunidades a
lo largo de estos años, mientras Celulosa Arauco ha perseguido y amenazado la
vida de nuestros defensores, haciendo todo lo posible para aplicarnos la Ley
Antiterrorista. Es una empresa sucia, y no solo por utilizar las formas más
bajas de hostigamiento, sino que también por ser responsable de una seguidilla de desastres ecológicos con
costos altísimos para los ecosistemas y las comunidades:
En Licanten, río Mataquito, con la Planta
Licancel; en el Golfo de Arauco, con la Planta Horcones; en el río Itata, en
Ránquil, con la Planta Nueva Aldea, además de la contaminación del río Cruces y
el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en 2004 y en 2014, por la
descarga de los residuos de la Planta Valdivia.
Celco ha demostrado ser una empresa sin
escrúpulos, que ha incurrido en múltiples ilegalidades dentro de una normativa
ambiental débil y permisiva. Es por eso que en estos últimos años de conflicto
hemos tenido que recurrir a un armazón jurídico que nos permita bloquear sus
acciones y, a la vez, blindar el territorio por agua y por tierra. Así, las leyes: 19.253, de
tierras indígenas; 20.249 o Lafkenche, de espacios costeros marinos de pueblos
originarios; de Pesca, con las áreas de manejo de la pesca artesanal, de
Monumentos Nacionales, más el Convenio 169 de la OIT, son
las que operando en conjunto nos mantienen resguardados del ingreso de Celulosa
Arauco.
En 2011 demandamos al Estado de Chile
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar la consulta
indígena y por la violencia física, psicológica, simbólica e institucional que
ha ejercido contra nuestras comunidades en favor de la empresa. Hasta la fecha
no ha respondido y la comisión no ha emitido una resolución. Pese a esto,
sabemos que con las herramientas que estamos utilizando este conflicto debería
terminar a la brevedad, porque Celco y el Estado no tienen más argumentos ni
mecanismos a los que recurrir.
Estos 25 años de defensa han traído
diferentes consecuencias para las vidas de quienes habitamos esta costa. El
balance, sin embargo, es positivo: un mar libre de contaminación, alimentos sin
tóxicos y un aprendizaje invaluable sobre la lucha por el territorio, que es al
mismo tiempo una lucha cultural por la autonomía.
Nuestra voluntad está en
mantener a Celulosa Arauco lejos del Lafkenmapu de una vez y para siempre, por
lo que hacemos un fuerte llamado a no dejarse engañar por las trampas de la
empresa y el poder político, y fortalecer los compromisos individuales y
colectivos con la defensa del mar, el territorio y su biodiversidad.
COMITÉ DE DEFENSA DEL MAR
Julio
de 2021
