Desde que el megaproyecto
minero de oro binacional anunciara su construcción en 2009, ha
recibido dos sanciones por emitir material particulado. Ahora las
faenas se encuentran paralizadas de forma temporal, pero total. A
esto se suman dificultades de financiamiento, que hoy cuesta ocho
veces más que hace once años atrás. Por otro lado, la resistencia
en la zona es transversal y se mantiene pese a las presiones.
Innumerables denuncias, e incluso juicios, mantienen el camino de
este proyecto con piedras que pretenden interponerse para
paralizarlo.
Por Javier Karmy Bolton
Once años se demoró el
Estado chileno en reaccionar a las persistentes denuncias de
contaminación que se estaban produciendo con el proyecto Pascua Lama
en el valle del Huasco, en la región de Atacama. En 2009 el Comité
Operativo de Fiscalización hizo una inspección al emprendimiento y
recién multó a la empresa en 2011 por un poco más de 11 millones
de pesos. En dicha oportunidad se detectaron varias irregularidades,
pero el motivo de la multa sólo fue por extracción de agua desde un
lugar no autorizado y superación del límite de emisión de material
particulado. En octubre de 2012 se realizó otra fiscalización por
parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Tras la inspección, se decretó el cierre total temporal de Pascua
Lama debido a que el proyecto estaba contraviniendo el reglamento de
seguridad minera. Por segunda vez una fiscalización daba cuenta de
presencia excesiva de material fino en suspensión que, tal como
indica el organismo estatal, era consecuencia de “un incorrecto
control técnico del material depositado en el botadero”, así como
de “las complejas condiciones climáticas de la zona”, lo que
genera “la polución del lugar”. Surgen muchas preguntas, entre
ellas si esa irrisoria suma de dinero compensa la destrucción de
glaciares o si a 5 mil metros de altura existe un “control técnico”
posible para el material particulado.
Desde hace once años
que, con apoyo de la Iglesia local, los agricultores y crianceros del
prístino valle del Huasco vienen denunciando la destrucción de
glaciares por parte de Barrick, la transnacional minera canadiense
dueña de Pascua Lama. Cuando Barrick presentó su Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) e hizo el proceso de “participación ciudadana”
–apoyada por políticos democratacristianos como Jaime Mulet y
Yasna Provoste–, la pregunta inmediata que le surgía a los
agricultores y crianceros era: “Señores de Barrick, pero ¿dónde
están los Bancos Perpetuos en su megaproyecto?”.
Después de escuchar algo
así como “glaciaretes” y “cambio climático”, los habitantes
del valle conocieron la palabra mentira. Una vez que el proyecto fue
aprobado, en 2001, quedó pendiente un Plan de Manejo de Glaciares
que fue tan absurdo como criticado. Sólo cuando Barrick ingresó
Pascua Lama nuevamente en 2004 para ampliarlo, la extinta Comisión
Nacional del Medio Ambiente (Conama) aprobó lo pedido pero a
condición de que no afectara los glaciares. Extraño, porque tras la
segunda aprobación –el 15 de febrero de 2006, a un mes del cambio
de mando entre el gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– se
conoció el primer documento de la Dirección General de Aguas (DGA)
que establecía que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza,
aledaños al eventual rajo minero, ya habían disminuido entre un 30%
y un 75% producto de la intervención de Barrick.
Es decir, la
institucionalidad ambiental tiene por lo menos once años de atraso
en este caso, o simplemente no existen mecanismos adecuados para que
las denuncias de la gente común y corriente, habitantes ancestrales
de aquel territorio, tengan validez ante una trasnacional
mundialmente cuestionada como Barrick. La gente “del Alto” se
sigue preguntando no sólo por lo que sucederá con los glaciares,
sino con el agua que brota de ellos y que permite que la vida germine
en el último río con agua limpia que aún corre de cordillera a mar
en nuestro país.
“Peculiar” obra de
“interés empresarial”
Lo que sí está claro es
que sólo la movilización social ha dificultado Pascua Lama para
Chile y Argentina. Recordemos que es el primer proyecto minero
binacional, hecho posible con un tratado tan “peculiar (…) que
contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y
privado”, según señalaba un abogado de la Sociedad Nacional
Minera en referencia al Tratado de Integración y Cooperación Minera
suscrito por Eduardo Frei y Carlos Menem en 1998. Es insólito que
con esta herramienta jurídica Chile ceda el 25% de su territorio a
las mineras y creara un “país virtual” operado de facto por las
trasnacionales dueñas de sus propios proyectos. A la par, se
hicieron denuncias –nunca desmentidas por Barrick– de que el
tratado chileno-argentino fue redactado por su propio equipo
jurídico. ¿Su interés?: controlar el territorio andino que
contiene agua en forma de glaciar y minerales en forma de cordillera.
Por eso hoy Barrick es
dueña de El Morro, Cerro Casale, Veladero (en Argentina) y Pascua
Lama (transfronterizo). Sólo las diversas y creativas protestas
sociales, así como innumerables denuncias, han logrado detener a
Barrick. Y por ello ha debido incrementar en ocho veces su proyecto
inicial, ya que Pascua Lama en 2001 tenía un costo de 950 millones
de dólares y hoy va en 8.500 millones de dólares. Para peor suyo,
hay agencias de financiamiento estatales de Estados Unidos (EX-IM) y
de Canadá (EDC) que se han negado a prestar dinero para el proyecto.
Era tanta la resistencia local que había contra Barrick, que en 2008
la trasnacional arremetió con el “Compromiso Atacama”, donde las
instituciones Un Techo Para Chile, Fundación Teletón, América
Solidaria, Clase 21, El Pacto Global de Naciones Unidas, junto a
reparticiones estatales como Corfo y Fosis, recibieron fondos de la
minera para eliminar campamentos en la provincia del Huasco. El
“Compromiso Atacama” pretende que la minera y esas instituciones
“desarrollen” la zona.
El contrasentido es que
las comunidades locales, ancestrales y con su propio estilo de vida,
no han sido tomadas en cuenta en esa decisión. El principal opositor
a Pascua Lama, y que levanta la bandera de “por la vida y el agua”
(tal como hace el obispo Infanti en su lucha contra HidroAysén), es
el obispo de Copiapó, Gaspar Quintana, quien incluso ha rechazado
dineros de Barrick para obras filantrópicas. Sin agua, el prístino
valle del Huasco quedará sin vida. Por eso la situación es tan
grave. Oponerse a Barrick se convierte en un deber moral. La
movilización de la comunidad ha conseguido preservar el ánimo de
que aún se puede detener Pascua Lama. Poner piedras todos los días
significa futuro.
