La petrolera Chevron fue
condenada por contaminación en Ecuador y debe pagar 19.000 millones
de dólares a campesinos e indígenas. Pero se niega a cumplir y, por
resolución judicial, fueron embargados sus activos en Argentina.
Asociada con YPF para explotar yacimientos en Neuquén, presiona para
que la Justicia argentina levante el embargo. Ya tiene el apoyo del
Gobierno Nacional y Neuquino.
Por Darío Aranda
Un caso paradigmático de
contaminación petrolera: 103 millones de litros de crudo derramado
(650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica
arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas
donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Son
algunos de los hechos que confirmó la Justicia de Ecuador y por el
cual condenó a la petrolera Chevron, una de las mayores
corporaciones del mundo, a pagar 19.000 millones de dólares. La
condena alcanzó a sus activos en Argentina, donde fue embargada en
todos sus activos. En 2012, la corporación petrolera acordó con YPF
la explotación conjunta de la formación de hidrocarburos no
convencionales Vaca Muerta (en Neuquén). La semana pasada, por
primera vez, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, salió en defensa
de la multinacional y pidió a los demandantes que cesen con el
embargo en Argentina. No habló de la contaminación ni de los
afectados por Chevron.
Historia negra
En 1964, bajo la
dictadura de una Junta Militar, el gobierno de Ecuador entregó en
concesión a la petrolera Texaco-Gulf el oriente ecuatoriano. En los
tres primeros años, Texaco exploró la provincia de Sucumbíos, en
la Amazonía norte de Ecuador. Realizó cientos de perforaciones y
construyó enormes piletas, al aire libre, con residuos tóxicos. Y
explotó el petróleo hasta 1990, cuando abandonó Ecuador y dejó
480.000 hectáreas contaminadas.
En 1993, un grupo de
afectados ecuatorianos denunció a Texaco en Nueva York por
contaminación y afecciones a la salud. El 16 de mayo de 1994, se
conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los
30 mil afectados por Texaco.
En 2001, Chevron se
fusionó con Texaco, en una operación de 45.000 millones de dólares.
La Corte de Apelaciones
de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana, a pedido de
Chevron, con la condición de que la petrolera acate la decisión del
tribunal de Ecuador.
En febrero de 2010,
mientras la causa judicial continuaba y se acumulaban pruebas y
testimonios contra Chevron-Texaco, la multinacional acusó (con la
Ley Federal de Estados Unidos para el Crimen Organizado) a los
demandantes (en su mayoría indígenas y campesinos) de ser una
“asociación criminal” que tenía la intención de extorsionar a
la petrolera.
El expediente judicial
contaba ya con 230.000 páginas, 106 informes periciales (60 de ellos
pagos por la petrolera), 80.000 resultados químicos de las muestras
de suelos y aguas. El juez inspeccionó los daños causados en 54
sitios operados por Chevron.
En febrero de 2011, la
Justicia de primera instancia encontró a Chevrón culpable de
contaminación y la condenó a pagar 8,6 mil millones de dólares
para remediar las zonas contaminadas. Sentencia, y cifra, históricas
a nivel mundial.
En enero de 2012, ya en
segunda instancia, el tribunal ecuatoriano confirmó la sentencia. Y
exigió que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados. En
caso de negarse, estipuló que se duplicaba el monto (17,2 mil
millones de dólares).
Chevron retiró todos sus
activos de Ecuador. Pero la sentencia es ejecutable en cualquier
parte del mundo (confirmado incluso por los tribunales de Estados
Unidos).
En mayo de 2012, la
justicia de Ecuador inició la primera acción internacional del
cobro de sentencia (en Ontario, Canadá). Un mes después, comenzó
la segunda acción, en Brasil (donde Chevron tiene activos).
El presidente de la
multinacional, John Watson, pidió en julio de 2012 al Congreso de
Estados Unidos que suspenda las preferencias arancelarias para los
productos ecuatorianos. El Congreso de Estados Unidos negó el pedido
de represalia comercial.
El 3 de agosto de 2012,
la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos liquidó el total
adeudado y ordenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares en
el término de 24 horas.
El 7 de noviembre de
2012, en Argentina, el juez civil Adrián Elcuj Miranda aceptó el
pedido de los tribunales ecuatorianos para establecer un embargo
preventivo por 19 mil millones de dólares sobre los bienes de la
petrolera Chevron.
La multinacional apeló
la medida. Pero obtuvo otro revés: la Cámara de Apelaciones en lo
Civil confirmó el embargo en enero pasado.
Responsabilidad Social
Empresaria
Chevron-Texaco contaminó
dos millones de hectáreas, construyó 880 fosas (sin recubrimiento
ni aislante) y quemó gas durante décadas en sus más de 1.000
mecheros. Los demandantes la acusan de haberse cobrado cientos de
vidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se registran
los índices más altos de cáncer del Ecuador.
El accionar de la
petrolera afectó el territorio y la vida de los pueblos indígenas
Tetetes, Sansahuaris, Cofanes, Sionas, Secoyas y Waorani.
Territorios contaminados,
pérdida de cultivos y muertes de animales fueron el mal (menor) que
padecieron pueblos indígenas y campesinos.
El Frente de Defensa de
la Amazonía desnudó la estrategia de Chevron durante el juicio:
negaron la contaminación, responsabilizaron al Estado de Ecuador.
Luego presionaron al gobierno ecuatoriano y, por último, argumentan
“fraude” de los demandantes y sus abogados.
Los 30 mil afectados no
desean el dinero de manera individual. Ya consensuaron: la
indemnización será utilizada para la remediación ambiental,
hospitales, escuelas y suministro de agua potable.
Gobierno, YPF y
periodismo petrolero
La petrolera
estadounidense firmó en 2012 un convenio de entendimiento con YPF
para explotar la formación Vaca Muerta (de hidrocarburos no
convencionales), con la cuestionada técnica de fractura hidráulica
(“fracking”).
Junto al embargo de la
Justicia ecuatoriano comenzó un juego de presión política y lobby
periodístico que, semanalmente, condiciona la “inversión” de
Chevron al levantamiento del embargo.
“La principal operación
económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos
originarios de la Amazonía ecuatoriana, amparados por el bolivariano
Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños
ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera
privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca
Muerta con YPF. Pésima noticia para Miguel Galuccio”, escribió el
editorialista del diario La Nación Carlos Pagni el 12 de noviembre
de 20121 (sobra un 1) .
El gobernador de Neuquén,
Jorge Sapag, no ocultó su posición: “Quiero desearle públicamente
éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de
manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país.
Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que
afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra
industria de Oil & Gas, y no tendré problemas en decirlo todas
las veces que sea necesario”. Fue el 13 de noviembre, en un
discurso público, en el tradicional almuerzo del Club del Petróleo
.
En un fino equilibrio, el
gerente comercial de Chevron Argentina, Ricardo Aguirre, señaló al
diario Página12 el 30 de noviembre de 2012: “Estamos haciendo una
cuidadosa planificación financiera para seguir operando. La idea es
lograr que se revierta el embargo de la Justicia sin que antes se
alteren nuestros planes de inversión. No queremos suspender la
exploración en Vaca Muerta” .
“Advierten que habrá
menos crudo si continúa un embargo a Chevron”, advirtió el diario
Perfil en su edición del 2 de diciembre de 2012, en un artículo en
el que citó ampliamente a Aguirre y también al director de
Relaciones Públicas para América Latina, James Craig.
Durante la última semana
de noviembre y la primera de diciembre, Aguirre y Craig tuvieron
apariciones en todos los grandes diarios de Buenos Aires.
El 17 de diciembre, el
presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a Houston (Estados Unidos)
para reunirse con Chevron y avanzar en el acuerdo por Vaca Muerta.
El 21 de diciembre, el
diario La Nación advirtió: “El acuerdo de YPF depende de que se
levante el embargo a Chevron”.
El 17 de febrero, Perfil
afirmó: “Embargada, Chevron dirá que se va del país”.
Dos días después, en el
juego de presión constante, Chevrón desmintió la retirada y señaló
su “voluntad de seguir operando”.
El 14 de marzo fue el
turno de Clarín: “Chevron admite que el embargo pone en peligro el
acuerdo con YPF”.
El 28 de marzo, por
primera vez, se conoció la posición del gobierno argentino, a
través de Miguel Galuccio, presidente de YPF. Mediante una “carta
privada” (pero filtrada por la misma empresa a un pequeño grupo de
periodistas), el presidente de YPF arremetió contra los demandantes:
“Las medidas por ustedes promovidas son absolutamente perjudiciales
para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión
en el país (…) La única forma de evitar un enorme daño a nuestro
país es el cese de tales medidas en la República Argentina”.
Galuccio dejó de lado la
contaminación, a los afectados e incluso a los fallos de la Justicia
de Ecuador. Sólo fijó su preocupación en la producción de gas y
petróleo de Vaca Muerta, recordó que Chevron es parte de esa
explotación y afirmó: “Cualquier medida que afecte la inversión
que YPF se ha comprometido a realizar para desarrollar estos recursos
(Vaca Muerta) no afecta solamente el patrimonio de nuestros socios
sino que también afecta seriamente los intereses de YPF y los del
país y sus ciudadanos”.
“Crímenes con total
impunidad”
El joven Pablo Fajardo,
hijo de colonos, asumió en 2003 como ayudante de los abogados
denunciantes. Hoy está al frente de la causa, con el respaldo de
campesinos e indígenas ecuatorianos. “Los últimos 18 años hemos
ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder
real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el
mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de
campesinos, de gente pobre, de un país ‘tercermundista’ pueda
enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando
que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más
allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que
ellos no son invencibles” , afirmó Fajardo. Remarcó que el juicio
es histórico e invitó a leerlo en clave histórica (más allá del
caso particular): “Lo que está en juego es todo un sistema
empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total
impunidad en América Latina, en África, Asia y en todas partes del
mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego” .
