Con
el fin de visibilizar su demanda al gobierno de Chile para que
revoque el Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes
Nacionales, que destina un “inmueble fiscal” de casi 9 mil
hectáreas ubicadas en el territorio ancestral para la “instrucción
y entrenamiento de la VI División del Ejército”, la comunidad de
Socoroma se manifestó pacíficamente desde el Mirador de Copaquilla
hasta la entrada pampa Campanane.
Desde
muy temprano, el 21 de octubre, comuneras y comuneros de Socoroma se
trasladaron hasta el mirador de Copaquilla ubicado a aproximadamente
100 kilómetros de Arica, con carteles y banderas negras en sus
manos, mujeres, adultos mayores, familias y personas solidarias,
protestaron en la ruta internacional 11Ch.
Rodeados de Carabineros, por
casi una hora las personas caminaron hasta el territorio que el
gobierno de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales
entregó en julio del 2017 al Ejercito de Chile dos lotes ubicados en
pampa Campanane, comuna de Arica: uno de 5704,16 hectáreas y el
segundo de algo más de 3007,20 hectáreas.
Dicha
destinación se realizó en el marco del acuerdo denominado “Acta
de Chena 4”, suscrito en octubre de 2016, entre los ministerios de
Bienes Nacionales y Defensa, y el Ejército, donde las fuerzas
armadas hacen traspaso de 168 mil hectáreas, entre los cuales hay
sitios vinculados a la violación de los Derechos Humanos en
dictadura, y a su vez, BB.NN. destina inmuebles fiscales al Ejército
para cumplimiento de sus fines propios.
Defensa
"La
comunidad de Socoroma rechaza la determinación unilateral del
gobierno al otorgar tierras indígenas al Ejército. Lucharemos hasta
las últimas consecuencias", dijo Irenia Marca, secretaria de la
comunidad indígena aymara de Socoroma.
"Nuestra
gente es respetuosa y queremos que se nos respete del mismo modo no
politizando nuestro movimiento", agregó la dirigente
territorial.
Territorio
A
través de un comunicado público dado a conocer a través de las
redes sociales y medios de comunicación, la comunidad expresó que
“existe suficiente evidencia histórica, etnográfica y judicial
que respalda la reivindicación de ese territorio por parte de la
Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en los años
1750, 1772, 1787 y 1893”.
Agregan
que “la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través de
su Fondo de Tierras, desde 2015 inició un proceso para entregar a la
Comunidad de Chucuruma certidumbre jurídica de la propiedad de la
totalidad del territorio que históricamente ha poseído, en el que
la comunidad ha participado activamente aportando todos los
antecedentes documentales de que dispone, así como la información
sobre la usos y costumbres propias del pueblo aymara requerida para
su demarcación”.
Explican
que la Ley 19.253 dispone la acción conjunta entre el Ministerio de
Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
para regularizar la propiedad de las comunidades aymara, “por lo
que resulta incomprensible que ambos órganos del Estado en un mismo
período no hayan establecido las coordinaciones necesarias para
resguardar los derechos territoriales de la comunidad”.
Consulta
indígena
En
la declaración pública, argumentan que “el acto administrativo a
través del cual se decreta la destinación, por afectar de manera
directa los intereses de una comunidad indígena, no solo debía ser
sometido a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169
de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en
países independiente, ratificado por Chile en 2008, sino que debía
contar con el consentimiento libre, pleno e informado de la
comunidad, tal como dispone el Artículo 30 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
“Parece
un contrasentido que, al mismo tiempo que el gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet implementa un proceso de Consulta
Constituyente Indígena para definir un nuevo marco institucional de
la relación entre Estado de Chile y los pueblos originarios, el
Ministerio de Bienes Nacionales adopte medidas que conculcan nuestros
derechos sobre las tierras y territorios que históricamente hemos
poseído, pues son éstos la base de nuestra existencia y de nuestra
cultura”, añaden las y los socoromeños.
Finalmente
declaran que el pueblo aymara es amante de la paz “y aspiramos a
vivir en armonía y equilibrio con la Pachamama, los mallku, uywiris
y achachilas, bajo los principios del Suma Qamaña, por lo que no
podemos aceptar que nuestros territorios continúen siendo entregados
a instituciones militares, incluso con fines de instrucción”.
Por
lo que la Comunidad Aymara de Socoroma demanda que el Ministerio de
Bienes Nacionales revoque el acto administrativo que los despoja de
parte de su territorio y que se adopten todas las medidas necesarias,
con la participación de las comunidades aymara, para prevenir que
situaciones similares a las descritas vuelvan a ocurrir.
Velatón
Dentro
de las acciones que la comunidad realiza, este 24 de octubre se
realiza un pasacalle y velatón en Arica, desde las 18 horas en
Patricio Lynch con 21 de mayo. La convocatoria es abierta.
