Indignación existe entre
los habitantes de la comuna de Puchuncavi, luego que comenzara a
operar la Central Termoeléctrica Campiche, pese a las múltiples
voces en contra de este proyecto que fue aprobado en medio de una
serie de vicios. Los pobladores afirman que acudirán a instancias
internacionales para reclamar por este tema.
Preocupación genera
entrada de central Campiche a sistema de transmisión energética en
zona saturada
Energía v/s
medioambiente: El dilema de las centrales termoeléctricas en Chile
Termoeléctrica Campiche
entra en funcionamiento pese al rechazo ciudadano
Cinco de la tarde del 31
de diciembre del año 2009. En medio de un viaje de la ex Presidenta
Michelle Bachelet y bajo la vicepresidencia de Edmundo Pérez Yoma,
la ministra de Vivienda y Urbanismo de aquella época, Patricia
Poblete, firmó el Decreto Supremo número 68 que modificó la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cambiando la
normativa que regía, hasta entonces, para el uso de suelo con fines
productivos.
Un texto que fue firmado
luego de un intenso lobby, develado por cables diplomáticos
difundidos por Wikileaks. Las gestiones persuasivas estuvieron a
cargo del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Paul
Simmons y por la empresa contratada por AES Gener en nuestro país
para tales efectos, AZERTA Comunicaciones, que funcionaba bajo la
dirección de Cristina Bitar. Ellos se preocuparon de contactarse con
ministros de gobierno, buscando viabilizar el proyecto Termoeléctrico
Campiche en la zona de Ventanas.
Sin embargo, desde 1993
ese sector había sido catalogado como “saturado de contaminación”
debido a la presencia de numerosas industrias, lo que llevó a los
gobiernos anteriores a decretar un plan de limpieza en el lugar. Esa
intención se vino abajo con la firma del decreto 68, ya que esa
resolución permitía el uso de suelos, decretados como zonas de
contención anteriormente, para la proliferación de nuevas
Centrales.
Esto llevó a que pese a
los múltiples recursos judiciales en contra, el proyecto de AES
Gener – defendido ante la justicia por el estudio de abogados BMAJ,
que integraba, entre otros, el ex ministro del Interior Rodrigo
Hinzpeter - pudiese seguir su rumbo hasta su entrada en operación
hace algunos días.
A juicio de la vocera del
Movimiento de Comunidades por el derecho a la vida, Cata Alonso, las
empresas multinacionales buscan zonas vulnerables para llevar a cabo
sus proyectos.
En esa perspectiva, la
dirigenta ciudadana señaló que “buscan lugares de gente pobre,
donde puedan presionar y pasar unas lucas. Esto es una vergüenza,
cero responsabilidad social. Están arrasando con todo, el aire, el
mar y el cielo. Yo no sé por dónde está el desarrollo porque por
un lado están las lucas y por otro lado el desastre ambiental”.
La diputada Andrea
Molina, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara,
calificó como una “crónica de una muerte anunciada” la
situación y dijo que esta es otra más de las explicaciones que
tiene que dar la ex Presidenta Michelle Bachelet al país.
Opinión similar tuvo el
diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, quien
criticó las decisiones tomadas en su minuto por el gobierno de la ex
directora de ONU Mujeres y fustigó el anuncio de la instalación de
tres nuevas centrales en este lugar.
Estas zonas vulnerables,
conocidas también como zonas de sacrificio (por la alta
concentración de industrias contaminantes), requieren a juicio de la
dirigente de Comunidades por el derecho a la vida, Cata Alonso, una
normativa especial, porque la existente es muy fácil de vulnerar.
En este sentido, la
vocera del movimiento ambientalista indicó que “las normas son tan
malas que nuestra zona necesita algo especial, porque aquí toman por
empresa los contaminantes, y nosotros tenemos 19 industrias
peligrosas. Me parece que deberían tomar el conjunto de las
emisiones y no una por una, porque de esa manera todas cumplen la
norma. Tenemos un récord de contaminación día por medio. De eso
nadie dice nada”.
Para Cata Alonso, la
justificación de que esta central es necesaria para la generación
de electricidad para el Sistema Interconectado Central es una
mentira, ya que los únicos beneficiados con esto serían las grandes
empresas mineras.
La ambientalista explicó
que “la población gasta el 14,8 por ciento de la energía y el
resto lo ocupa casi todo el sector de la Minería y un porcentaje
menor la industria. En qué se basan para hablar de que somos un país
desarrollado, cuando estamos cada vez más contaminados y arrasando
nuestro medio ambiente y con una pobreza increíble en los lugares
donde se instalan ellos”.
Finalmente la vocera
sostuvo que recurrirán a organismos internacionales, porque “el
derecho en Chile no se respeta”
En esa línea, Cata
Alonso, detalló que “nosotros hemos tocado todas las puertas y
hemos dado a conocer con estudio en mano todos los problemas que
existen. Todos los parlamentarios y todo Chile sabe. Todos prometen y
dicen, que atroz, que espanto, pero no han hecho absolutamente nada,
y lo que es peor siguen aprobando proyectos, porque ahora llegan tres
termoeléctricas de Codelco, viene todo el concentrado de la División
Andina para salir por nosotros. Yo no sé qué esperan, que
explotemos o que nos incendiemos todos juntos”.
En tanto, el
vicepresidente de Operaciones de Aes Gener, Javier Giorgio, manifestó
que la termoeléctrica Campiche cumple con la normativa vigente de
emisiones. Además aseguró que su implementación y funcionamiento
cuenta con un plan de mitigación que además incluye a las unidades
más antiguas que conforman el complejo, mejorando su desempeño
ambiental.
Por
Claudio Medrano
Fuente: Radio Universidad de Chile
