Frente a la confesión de
Corpesca de traspasar dinero a la diputada Marta Isasi, el Centro
Ecocéanos señaló que "se ha comenzado a abrir la caja de
Pandora de la pesca y acuicultura industrial chilena. Ello demuestra
la veracidad de las denuncias públicas presentadas por las
organizaciones y comunidades que advirtieron del proceso
parlamentario corrupto e ilegítimo para aprobar la Ley Longueira.
Esto "justifica y respalda el rechazo a la actual Ley de Pesca
mediante acciones de desobediencia civil, y demanda su revisión,
dadas las condiciones de conflictos de intereses y violación de
acuerdos internacionales, en que fue impuesta esta normativa".
Santiago, 13 de mayo de
2013. (Ecoceanos News)— La revelación acerca del dinero que
Corpesca, la mayor compañía pesquera chilena, transfirió a la
diputada Marta Isasi, quién voto a favor de la Ley Longueira que
privatizó las cuotas pesqueras en favor de siete familias de
industriales, está generando la transversal demanda de revisar y
revertir esta normativa, pero también la necesidad de que
parlamentarios informen acerca del financiamiento que reciben de
empresarios, especialmente todos los legisladores de zonas costeras.
La transferencia de
dineros de Corpesca a la diputada Isasi fue revelada por el Centro de
Investigación Periodística (CIPER) que informó que Francisco
Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca -la principal empresa
beneficiadas por la denominada Ley Longueira y propiedad del poderoso
grupo Angelini-, admitió haber pagado al ex asesor de esta diputada,
Georgio Carrillo Vercellino, una cifra de 25 millones de pesos.
Carrillo reconoció esta
situación el jueves 9 de mayo, en la audiencia en el Tribunal de
Garantía de Valparaíso, donde el ex asesor informó sobre el mal
uso de dineros correspondientes a asignaciones parlamentarias, para
luego develar haber recibido $25 millones de la principal empresa
pesquera del Grupo Angelini.
A través de supuestos
"estudios", según lo que denuncia Carrillo, la
parlamentaria obtuvo estos dineros de manera previa a su reelección
como diputada por la zona pesquera de Iquique. Actualmente se
investigan cuáles fueron los montos totales que le entregó el Grupo
Angelini a Isasi.
Corpesca es la mayor
empresa pesquera industrial chilena, al controlar monopólicamente
las capturas en el norte del país -incluida la zona marítima en
disputa internacional con Perú-, y procesar alrededor del 25% del
total de la pesca pelágica capturada en Chile, sexto país en
volumen de desembarques pesqueros del planeta.
Pescadores de Los Lagos:
La ley Longueira hay que rechazarla
Luego de conocida la
noticia de que dineros de empresas pesqueras fluyeron hacia esta
parlamentaria, el presidente de los pescadores artesanales agrupados
en Corepa de la Región de Los Lagos, Jorge Bustos, afirmó que la
Ley Longueira “hay que rechazarla”.
En declaraciones a Radio
Bio-Bio, Bustos también denunció a otros diputados que habrían
sido influenciados por empresas pesqueras. “Si aquí se empieza a
realizar una investigación más a fondo, no es casualidad el tema de
la Clemira Pacheco, diputada por la Octava Región, y el señor
(diputado) Campos, también de la Octava Región,y muchos otros
diputados que defendían a brazo partido esta ley", dijo el
dirigente de los pescadores.
Bustos agregó que hubo
dirigentes pesqueros artesanales que “firmaron este tema, y hoy son
también beneficiados por este tipo de proyectos. No nos vamos a
quedar callados. Nosotros denunciamos en su minuto", dijo el
representante de Corepa.
Coima empresarial para
arrebatar el patrimonio pesquero nacional
Esta "punta del
iceberg" en el proceso de corrupción empresarial sobre el
sector parlamentario tuvo resultados concretos. Durante la sesión de
la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la ley de
pesca, la diputada Isasi, junto a parlamentarios, especialmente de
las regiones pesqueras -entre los que se incluyen los diputados
Clemira Pacheco (PS), Marisol Turres (UDI), Gustavo Hasbún (UDI),
Jorge Tarud (PPD), y los senadores Hosaín Sabag (DC), Fulvio Rossi
(PS) y Jorge Pizarro (DC), entre otros votaron en contra del inciso
que establecía que el Estado tenía el dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible del patrimonio pesquero de la Nación,
y sobre los cuales se establecen permisos o autorizaciones de
captura.
En la tramitación de la
Ley de Pesca además existió la votación de parlamentarios con
graves conflictos de interés y tener propiedad de acciones en las
empresas beneficiadas tales como Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa
(UDI), Jose Luis García -Huidobro (RN) y Andrés Zaldívar (DC).
Ley Longueira es Injusta
y corrupta
Frente a la confesión de
Corpesca de financiar a la diputada Isasi, el Centro Ecocéanos
señaló que "se ha comenzado a abrir la caja de Pandora de la
pesca y acuicultura industrial chilena. Esto demuestra la veracidad
de las denuncias públicas presentadas por las organizaciones
agrupadas en la Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar, pueblos
originarios y el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero
(Condep), advirtiendo sobre un proceso parlamentario corrupto e
ilegítimo, realizado con graves vicios de forma y fondo”.
Ecocéanos señaló que
"la aprobación de la Ley Longueira violó ex-profeso el
Convenio 169 de la OIT, al no realizar la consulta previa y
obligatoria a los pueblos originarios, invisibilizándolos y
despojándolos de sus derechos de acceso y usos de los recursos
hidrobiológicos”.
Unidad y Acción para una
nueva gobernabilidad democrática en nuestro mar
El affaire
"Isasi-Corpesca" en el contexto de la aprobación de la ley
Longueira representa para Ecocéanos, "la evidencia de que el
Estado chileno, el parlamento y los partidos políticos se encuentran
secuestrados por los intereses corporativos de los grupos que
controlan la industria pesquera y de acuicultura, así como el
sistema financiero y bancos acreedores".
Esto "justifica y
respalda el fortalecimiento de la alianza entre ciudadanos
organizados, pescadores artesanales, pueblos originarios, estudiantes
y académicos para promover el rechazo de la actual ley de pesca
mediante acciones de desobediencia civil, y demandar su revisión,
dadas las condiciones de corrupción, conflictos de interés y
violación de acuerdos internacionales, en que fue impuesta esta
normativa"
