Mientras los pescadores
recurrieron a la Justicia para que investigue si empresas pesqueras
traspasaron dinero a otros parlamentarios, la Fiscalía de Tarapaca
ya inició una investigación para dilucidar si el financiamiento
recibido por la diputada Marta Isasi configura el delito de cohecho.
Y mientras el gerente de Corpesca presentó su renuncia por el
traspaso de estos fondos al parlamento, crece la demanda ciudadana
por revisar y revertir la Ley Longueira que privatizó las pesquerías
nacionales
Valparaíso, 15 de mayo
de 2013. (Radio del Mar)— Los dineros traspasados desde las
empresas pesqueras del grupo Angelini a la Diputada Marta Isasi en el
marco de la discusión de la Ley Longueira que privatizó los peces,
está generando, además de la demanda de revisión de esta
normativa, una investigación judicial a la parlamentaria, la
renuncia del gerente de Corpesca que traspasó el financiamiento y la
presentación de una querella criminal por Cohecho que este miércoles
presentarán los pescadores artesanales del Consejo de Defensa de la
Pesca (CONDEP), en los tribunales de Valparaíso.
Todas estas acciones
ocurren luego de la revelación que Corpesca, la mayor compañía de
pesca marina chilena y principal beneficiada por la Ley Longueira,
reconociera que traspaso 25 millones de pesos a la diputada Marta
Isasi, una de las parlamentarias emblemáticas que defendió la
normativa privatizadora.
Fiscalía inicia
investigación
Luego de consultas a la
Fiscalía regional de Tarapacá, este organismo abrió una
investigación para dilucidar si existe delito en el traspaso de
dineros de la compañía Corpesca a la diputada Marta Isasi.
“Ante la gravedad de la
denuncia pública realizada a través de los medios y el revuelo
generado”, el Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra, resolvió
abrir una investigación en contra de la parlamentaria, informó la
fiscalía.
El vocero de la
institución judicial, Juan Castro Bekios, explicó que “la
investigación busca determinar la posible existencia de hechos que
puedan ser constitutivos de delito, y que si bien en un principio se
radicará en esta Fiscalía Regional, los antecedentes podrían
arrojar la posibilidad que la competencia radique en otra región”.
Luego de iniciada esta
investigación, inmediatamente Corpesca comunicó que aceptaba la
renuncia de su gerente Francisco Mujica, quién reconoció que
traspasó varios millones de pesos a la diputada Isasi.
Pescadores Presentan
Querella Criminal
Frente a estos hechos el
Consejo de Defensa de la Pesca (CONDEP), presentará una querella
criminal por el delito de Cohecho en el Tribunal Penal de Valparaíso.
Según el pescador Nelson Estrada, presidente del CONDEP, “la
querella criminal contra quienes resulten responsables en el tema de
las platas que la gran industria pesquera ha entregado para campañas
y favores políticos, ya que con esas platas fue aprobada la Ley de
Pesca”.
“Queremos que todos los
parlamentarios sean investigados, aquí no se salva ninguno. Y que
sean investigados por la Justicia porque la Comisión de Ética (de
la cámara) no nos sirve a nosotros”, afirmo Estrada.
Respecto a la renuncia
del gerente de Corpesca, el presidente de los pescadores afirmó que
“Mujica arrancó porque piensa que con su renuncia bloqueará la
investigación, pero no es así y de todas formas tiene que responder
a la justicia”.
Revisar y revertir Ley
Longueira
El hecho ocurre cuando
organizaciones y comunidades locales demandan revisar la Ley
Longueira que se tramitó y aprobó en un proceso parlamentario
corrupto e ilegítimo, realizado con graves vicios de forma y fondo.
Ante esto, el presidente
del CONDEP además realizó un llamado a revisar y revertir la Ley de
Pesca. “Si es que la Ley no es derogada, debe existir indemnización
a los pescadores artesanales”.
La Ley Longueira entregó
en propiedad el patrimonio pesquero nacional a siete familias de
industriales pesqueros y despojó de estos valiosos recursos a la
sociedad chilena y pueblos originarios.
A los dineros entregados
por Corpesca, la mayor empresa de pesca marina propiedad del grupo
Angelini, a la diputada Isasi, se sumarían varias otras influencias
de compañías pesqueras a diversos parlamentarios.
La justicia deberá
dilucidar si la entrega de estos aportes financieros configuran el
delito de cohecho, lo que refuerza la necesidad de revisar y revertir
esta Ley privatizadora que entregó la propiedad de los peces a siete
familias de industriales pesqueros
