Con 13 votos
a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6
abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio
UPOV 91
que impedirá a los
campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de
los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas
híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma
(Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura
campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena
Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a
José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio,
MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la
iniciativa.
Ximena Rincón fundamentó
su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán
el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de
votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores
Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile
el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó
la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos
lesivos para la agricultura.
La protección a la que
se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el
llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina
registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada
genéticamente.
La votación tuvo lugar
en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la
aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter
depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora
refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el
gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con
las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
Indignación campesina e
indígena
La Asociación Nacional
de Mujeres Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su
opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de
Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara
de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo
de Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain,
OLCA, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían
expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de
obtentores. Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red
legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta
dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado
que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el
Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que
quedaba.
Ya nos quitaron la
tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas
medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o
militarización cuando las comunidades protestan”. Entre otras
organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka
Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del
pueblo RapaNui, del consejo Nacional Aymara, la alianza Territorial
Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun
Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur. Los
indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido
por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido
que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos
intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales
y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa
chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las
transnacionales”.
Violación de un derecho
humano
La selección,
mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es
un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo,
reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO
y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las
mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las
verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan
las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor
Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la
comercialización, la importación y exportación de la semilla.
Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá
comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su
cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que
las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse
incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso
de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo
se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea
y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad
tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio
climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”
Los amigos de Monsanto
La iniciativa resistida
por todas las organizaciones campesinas con base social, será
remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el
boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a
los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI
Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo
Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a
los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto
Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos),
Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD
Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo
de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier
(O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker
(Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del
proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados
Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba
obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro,
criticó estos Tratados y agregó que países claves en agricultura
en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a
UPOV '78 y no al '91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este
convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador
Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y
explicó que "afectará a los productores agrícolas
nacionales". También criticó la ausencia del Ministro de
Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, "para que
este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores
de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto
de acuerdo va a ser letra muerta".
El senador Eugenio Tuma
puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a
campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y
pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística
alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV y lobby empresarial
La Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una
organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de
semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En
los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos.
Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90%
del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y
Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan
enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura
campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de
semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se
encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha
sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el
exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78,
adhiriese a UPOV 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio
con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de
semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero,
virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica.
El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión
adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en
su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad
intelectual.
Por Lucía Sepúlveda
Ruiz
