El Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) denuncia ante la
Contraloría General de la República, que las termoeléctricas están
incumpliendo flagrantemente la normativa que las rige, con completa
anuencia de las entidades fiscalizadoras, como la Superintendencia de
Medio Ambiente.
Más de 12 años demoró
en ser aprobada una norma de emisiones para las termoeléctricas en
Chile, todo ese tiempo las comunidades siguieron padeciendo
impunemente los impactos de la termoelectricidad, a la espera de que
por fin fuera puesta en marcha una norma de emisiones que al menos
estableciera límites máximos de partículas contaminantes. En esta
ley se estableció que todas las generadoras tenían hasta el 24 de
junio de 2013, para instalar un Sistema de Monitoreo Continuo de
Emisiones, sin embargo, a la fecha ninguna ha cumplido con la
normativa. La ministra Benítez dijo en el 2011 en la ceremonia de
firma del decreto, en Puchuncaví, emblema del abandono y la
vulnerabilidad a la que queda expuesta la ciudadanía frente al
modelo extractivista que rige el destino del país, “mi compromiso
como ministra es asegurar que las termoeléctricas como las que vemos
hoy cumplan con esta normativa. Exigiremos monitoreos en línea que
serán fiscalizados en todo momento por la Superintendencia de Medio
Ambiente”. Asimismo, recordó “que pasaron varios gobiernos sin
que estos temas se asumieran con voluntad, decisión y
determinación”.
Como antecedente de
contexto de la relevancia de esta materia, podemos señalar que entre
el año 2000 y Junio del 2011 (periodo en que se discutió esta nueva
normativa) ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) 222 proyectos de generación eléctrica, encontrándose a esa
fecha 189 aprobados y 33 en calificación. Según Fundación Terram,
93 de ellos corresponden a proyectos termoeléctricos, que
representan el 61% de los mega watts aprobados (15.904 MW) en ese
periodo.
En septiembre de 2013 no
hay ninguna termoeléctrica ajustada a la bullada norma que
protegería a las comunidades con estándares de países
desarrollados, ilegalidad que pone en riesgo la vida de cientos de
personas, y que no ha sido sancionada por ninguna autoridad. Estamos
hablando de más de 100 delitos, que afectan a millones de personas,
y que siguen ocurriendo sin que ningún ente fiscalizador arremeta
para poner las cosas en orden.
En estas circunstancias,
el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, que
acompaña a comunidades en el proceso de resistencia a estas
centrales, denunció a la Superintendencia ante Contraloría,
exigiendo que se investiguen las razones para dilatar la aplicación
de la ley y a la vez que se le explique al país cómo una iniciativa
que tardó más de 12 años en ser dictada, por falta de voluntad
política según acusó la misma ministra Benítez en junio de este
año, no entre en vigencia cuando corresponde.
Más información:
Lucio Cuenca, Director
del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA: fono
92402706 – 26990082.
