En 2010, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley que facultaba el cierre de calles y pasajes para proteger a los barrios de la delincuencia. A diferencia de los condominios, ahora se podían enrejar calles locales que conectaban otras arterias, interrumpiendo el tránsito vehicular y el libre desplazamiento de las personas. Como el temor ciudadano ha ido en aumento, era esperable que esta ley hubiese sido rápidamente aplicada generando efectos nefastos sobre el paisaje de las ciudades y el funcionamiento de su sistema de transportes.
Además de estos perjuicios urbanísticos, el proyecto entregaba pésimas señales en materia de política pública. De un lado, reconocía implícitamente que al Estado se le fue de las manos la seguridad ciudadana, y que ante ello, prefiere que particulares tomen control de bienes nacionales de uso público para verificar que no circulen extraños o potenciales delincuentes, entregando a su criterio dicha cualificación.Por otro lado, se argumentaba que el cierre de calles ya existe, como si se tratase de algo bueno, y que lo que se buscaba es normarlo y extenderlo a los sectores “más modestos”. Pareciera que los diputados no conocen los barrios vivienda social donde no sólo las calles y pasajes están enrejados, sino que casi todos los espacios comunes, los almacenes e, incluso, las cajas de escala de los edificios. Más curioso es que este encierro sea visto como un beneficio, siendo que refleja el terror que sienten los vecinos por culpa de un Estado que ha seguido un camino similar al sugerido en este proyecto de Ley: mirar para el lado y dejar que los ciudadanos se defiendan como puedan.
Los autores del proyecto tampoco ponderan el precedente que fijan para que otras autoridades, menos criteriosas o más sensibles a los “problemas reales de la gente”, modifiquen la norma para extenderla a calles mayores, plazas o inclusive parques públicos que también son visitados por delincuentes. De hecho, hace meses un grupo de vecinos pidió cerrar el Parque Forestal para evitar actos vandálicos y asaltos, iniciativa que contó con el auspicio de concejales y parlamentarios.
Es comprensible que buenos alcaldes respalden una iniciativa así, ya que reciben las quejas diarias de sus vecinos y no pueden hacer nada para remediarlas. Sin embargo no es aceptable que minimicen sus implicancias o que justifiquen su posición usando como ejemplo la dramática realidad de familias que viven enrejadas y donde cualquier acuerdo vecinal o aprobación municipal, carecerá de toda aplicación dada la compleja situación de inseguridad que los afecta, lo que anula el principio de la “regularización”.
Afortunadamente, la Ley fue rechazada por el Tribunal Constitucional hace pocos días. Este hecho debiera servir para que sus autores propongan un nuevo proyecto que permita que las personas vivan tranquilas, sin enrejar la ciudad ni traspasar a particulares una función privativa del Estado. Además, es hora que las autoridades dejen de usar este tipo de paliativos y formulen una estrategia integral para dar seguridad al millón y medio de chilenos que viven en los guetos que ya reportamos en un Dossier de El Post.
Por Ivan Poduje
de elpost.cl
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