El ruido de los motores
de extracción petrolera y la tala indiscriminada del bosque
ahuyentan a los animales que los pueblos ocultos necesitan cazar para
sobrevivir. Urge implementar medidas cautelares para proteger a
pueblos en aislamiento voluntario.
La masacre de unos 30
indígenas taromenane, ocurrida en marzo pone al descubierto una
nueva realidad y la negligencia del Estado ecuatoriano para proteger
a los pueblos que aún sobreviven en la selva amazónica, presionada
por, la expansión de la industria petrolera y la acción ilegal de
madereros.
Estas actividades se
mantienen pese a que el mismo gobierno del presidente Rafael Correa
emitió, el 2 de febrero de 1999, el Decreto Ejecutivo 552 con el que
declaró “zona intangible” al territorio donde habitan los
pueblos indígenas Taromenane y Tagaeri, y el 18 de abril del 2007,
delimitó esta zona mediante el Decreto 2187.
El ruido de los motores
de extracción petrolera y la tala indiscriminada del bosque
ahuyentan a los animales que los pueblos ocultos necesitan cazar para
sobrevivir. Para expresar su malestar han atacado esporádicamente a
madereros, como sucedió en setiembre del 2005, abril del 2006 y
marzo del 2008; o a colonos, como cuando atacaron a Sandra Zabala y
dos de sus hijos, en setiembre del 2009.
En la madrugada del
pasado 5 de marzo de este año, atacaron al guerrero huaorani Ompore
Omeway y su esposa Buganei Cayga, que vivían cerca de la comunidad
Yarentaro.
Omeway es padre de los
líderes de Yarentaro y había decidido alejarse de la comunidad para
vivir en aislamiento; esporádicamente tenía contacto con los
taromenane y tagaeri, con quienes compartía territorios de caza.
El sacerdote capuchino
Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los que más han estudiado a los
tagaeri y taromenane, sostiene la hipótesis de que estos últimos le
habrían expresado su malestar por las incursiones que se daban en
sus territorios y las dificultades para la cacería; además, le
habrían solicitado que les consiga algunos machetes y hachas.
Cabodevilla asegura que a
estos pueblos ya no se les puede considerar como “no contactados”,
pues toman contacto con algunos ancianos huaorani a quienes solicitan
cosas que necesitan para sobrevivir en la selva, como los machetes,
hachas o algunos utensilios de cocina.
La hipótesis de
Cabodevilla la comparte Mónica Chuji, vicepresidenta de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del
Ecuador (CONFENIAE), quien manifiesta que Omeway habría ofrecido
machetes y hachas, pero no pudo cumplir con su palabra, pues nadie le
proporcionó estos implementos pese a que los habría solicitado a la
comunidad de Yarentaro y a la compañía petrolera española REPSOL.
“Ompore [Omeway] empeñó
su palabra y no pudo cumplirla, no consiguió todo lo que le
pidieron”, asegura Chuji.
Conocida la noticia del
ataque a Omeway y Cayga, unos 15 guerreros de Yarentaro, liderados
por Orengo Tokari, sobrino de Omeway, se adentraron en la selva en
busca de los taromenane para ejercer venganza; la primera y segunda
incursión falló, pues no los encontraron. En la tercera incursión,
18 días después del ataque a Ompore, los hallaron y los asesinaron
con armas de fuego. Orengo declaró en un programa de televisión que
mató a cinco taromenane; sin embargo, Cawetipe Yeti, presidente de
la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), asegura que por lo menos
son 30 los taromenane muertos
“La costumbre [entre
los huaorani] es usar lanzas”, explica Chuji. “Ahora usaron armas
de fuego y eso rompe con la tradición y va a traer muchos problemas
entre las comunidades huaorani”, añade en referencia a que esto
abre la posibilidad de que los conflictos entre los huaorani puedan
resolverse con armas de fuego.
Gobierno tergiversa la
realidad
Por su parte, Cabodevilla
cuestiona la lentitud del gobierno en actuar frente a este problema,
pese a ser el responsable de implementar las denominadas “Políticas
de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, dictadas en abril del
2007.
“Conocida la muerte de
Omeway [las autoridades gubernamentales] debieron entrar
inmediatamente a Yarentaro y hablar con las familias, ofrecer una
indemnización y convencerles de no tomar venganza”, dice
Cabodevilla.
En efecto, las noticias
del ataque a los ancianos huaorani, como la incursión para tomar
venganza, se divulgaron de manera inmediata; pero no se conocieron
acciones gubernamentales hasta cuando se difundió la información de
la masacre y el rapto de dos niñas taromenane, que fueron llevadas a
Yarentaro. Autoridades gubernamentales catalogaron a la masacre como
un rumor.
Según Eduardo
Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos y
miembro del Comité Internacional de Protección de los Pueblos en
Aislamiento Voluntario, el rapto de las niñas es la prueba de que
existió una masacre, pues es costumbre de estos pueblos asesinar a
todos los miembros de un clan, incluyendo niños, cuando se rapta a
las mujeres, y así evitar una futura venganza. El rapto de mujeres
es una práctica que se da en los enfrentamientos de estos pueblos;
algunas de las actuales esposas de los huaorani son mujeres tagaeri o
taromenane raptadas en épocas pasadas.
Las autoridades
gubernamentales afirmaron que todo es un rumor mientras no se
encuentren los cuerpos, y para ello realizaron varios sobrevuelos en
helicóptero, todos fallidos. Luego, el fiscal general de la Nación,
Galo Chiriboga, aseguró que una posible muerte de taromenanes se
debería a que consumieron alimentos dañados, que habrían sido
lanzados desde una avioneta.
Chiriboga tergiversó los
comentarios de las niñas raptadas, que se negaron a comer el arroz
que les ofrecieron en Yarentaro, explicando que años atrás sus
abuelos habían enfermado por comer el arroz que lanzaron desde “una
cosa que vuela”.
“Si es verdad que les
están lanzando comida desde aviones, es un genocidio”, afirmó el
capuchino José Miguel Goldaraz, compañero de Cabodevilla, en
referencia a que los alimentos que se consumen en occidente contienen
virus para los que no están preparados los pueblos ocultos, aparte
de que pueden consumirlos cuando ya están dañados.
Goldaraz participó en el
“Encuentro de la Red Eclesial Amazónica” realizado en Puyo,
provincia amazónica de Pastaza, donde en abril se reunieron por tres
días representantes de 26 países. En su manifiesto final, dado a
conocer el 24 de abril, pidieron que “se detenga este desangre en
la selva, ocasionado por presiones de todo tipo y por poderosos
intereses para los cuales los pueblos desprotegidos son meros
obstáculos para el mal llamado desarrollo”.
No es “guerra de
clanes”
Para confundir más a la
opinión pública, los medios de comunicación gubernamentales están
difundiendo la idea de que estos ataques son parte de una guerra de
clanes y definen a los huaorani como comunidades que chantajean a las
petroleras, exigiendo prebendas a cambio de no cerrar las vías de
acceso a los pozos.
“No es una simple
guerra de clanes, aunque los taromenane y tagaeri si miran a los
huaorani como sus enemigos, porque los miran como aliados de los
invasores; pero tampoco se puede catalogar a las comunidades huaorani
como chantajistas o como aliados de las petroleras”, afirma Chuji.
El 26 de mayo del 2003
fueron asesinadas 23 mujeres y niños taromenane. Se responsabilizó
de esta masacre a guerreros huaorani, movidos por madereros. La
incursión fue ordenada por el jefe Babe, en venganza del ataque a
uno de sus hijos, y la lideró Davo. Los dos son considerados los
guerreros más respetados de esta nacionalidad. Babe murió en agosto
del 2009, mientras que Davo vive a orillas de una carretera donde
mantiene un control de los vehículos, exigiéndo gaseosas como
tributo por el paso.
Tres años después,
considerando los constantes enfrentamientos de los huaorani con los
taromenane y tagaeri, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), otorgó medidas cautelares para la protección de estos
últimos.
El gobierno nacional tuvo
en ese momento una posición proactiva, ordenando que el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos se haga cargo de la implementación de
estas medidas. Sin embargo no se siguió con el proceso y
Pichilingue, quien lo lideraba, fue despedido.
“Las medidas cautelares
para protegerlos deben implementarse en una zona de interés
petrolero, y ahí venció este interés y perdieron los beneficiarios
de las medidas cautelares. Si sigue así, estos pueblos van rumbo al
exterminio”, sostiene Pichilingue.EcoPortal.net
Por Por Luis Ángel Saavedra - Ecuador